Sobre el conflicto de los entrenadores de baloncesto de Cataluña

Una victoria amarga para el baloncesto catalán

Los entrenadores catalanes de baloncesto ganan el partido #NoPayNoCoach contra la Generalidad de Cataluña.

Podemos estar contentos, entrenadores. Hemos ganado uno de los partidos más importantes de esta temporada. La victoria se ha logrado con el esfuerzo y la pericia de todos. Desde el banquillo, utilizando nuestra pizarra táctica para diseñar nuestra estrategia, pasando por el grito de final de cuarto “Jo ja sóc entrenador”, hasta el pressing defensivo y los contraataques hechos en la pista.

Cuando la Generalidad de Cataluña iba ganando holgadamente el partido a finales de noviembre del año pasado, anunciándonos que el 1 de enero de 2015 finalizaba la moratoria en cuanto a la aplicación del régimen administrativo sancionador en materia de titulaciones deportivas ―en otros términos, que si no regularizábamos nuestras titulaciones de acuerdo con la Ley 3/2008 podríamos ser sancionados por la Administración―, los entrenadores catalanes de baloncesto reaccionamos de inmediato.

Necesitábamos un cambio de estrategia. Y así fue: unas campañas de presión y protesta espectaculares a través de las redes sociales y el apoyo de los medios de comunicación fueron los revulsivos que nos permitieron remontar el encuentro. Lo primero que se consiguió fue una ampliación de dicha moratoria hasta el 1 de enero de 2017, por medio de la aprobación del Decreto-Ley 5/2014, de 9 de diciembre, de segunda modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa.

La materialización de esta victoria ha sido la publicación de la Ley 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el pasado día 20 de mayo de 2015.

Con esta reforma legislativa, los entrenadores con titulaciones federativas ya no deberemos regularizar nuestra situación (cursar formación adicional, cuyo gasto medio era de 650 a 950 euros/entrenador) para adecuarnos a las exigencias de la Ley 3/2008.

De acuerdo con el apartado primero de la disposición adicional sexta de la citada ley, introducida por el art. 8 de la Ley 7/2015, «[L]as personas con formación y experiencia contrastada en el ámbito deportivo y que ejercen su actividad en el sector deportivo de acuerdo con lo que establece el artículo 2.2 de la Ley 3/2008 pueden obtener un certificado para la inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña como profesionales del sector deportivo. La Escuela Catalana del Deporte, como órgano docente del Consejo Catalán del Deporte de la Generalidad de Cataluña, debe expedir este certificado con la presentación previa de la solicitud correspondiente y del informe preceptivo de la federación deportiva catalana correspondiente que acredita la formación federativa y la experiencia en el ámbito deportivo del solicitante.»

Por lo tanto, para adecuarse a la legalidad vigente en Cataluña, los entrenadores deberemos presentar una solicitud (cuyo modelo aún no se ha aprobado), junto con el informe de la Federación Catalana de Baloncesto que acredite la formación federativa y la experiencia del solicitante, en la Escuela Catalana del Deporte. Una vez dicha Escuela expida el certificado, cuya tramitación goza de una bonificación durante un periodo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 7/2015 (dies a quo: 21.05.15), podremos solicitar la inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña de conformidad con el Decreto 68/2009, de 28 de abril, por el que se regula el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña.

Sin embargo, con esta reforma legislativa, siguen subsistiendo dos de los tres problemas que el autor de estas líneas expuso pormenorizadamente en el Informe jurídico sobre el ejercicio de las profesiones del deporte en Cataluña, a saber: la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la actual Ley 3/2008 al haberse excedido la Generalidad de Cataluña en el ejercicio de sus competencias legislativas; y la profesionalización del deporte catalán amateur y formativo. Esta última problemática es la que puede provocar consecuencias económicas negativas para el tejido deportivo catalán.

Aunque la lucha siga, debemos celebrar esta primera victoria en el vestuario.