Por Alberto Palomar //
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Dice Palomar: «Sin lugar a dudas la publicación en pocos meses de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno está llamada a cambiar algunos hábitos de la vida social en lo que se refiere al conocimiento de muchos elementos que componen el funcionamiento diario de las organizaciones. En su tramitación se han ido incluyendo diversas entidades públicas y privadas».
Añade el prestigioso jurista que «el nuevo artículo 3 del Proyecto incluye a las entidades privadas que perciban en un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros o, cuando al menos, el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcance como mínimo 3.000 euros. Esta redacción nos permite afirmar que todas o casi todas de las federaciones deportivas españolas quedan dentro del ámbito de esta ley.
La pregunta inmediata es ¿qué consecuencias tiene esta inclusión? Fundamentalmente, la obligación de hacer públicas la información relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. En concreto, deben hacer públicos todos los contratos que realicen con una Administración Pública con detalle de su forma de adjudicación y licitadores, los convenios suscritos, las subvenciones recibidas, los presupuestos y su ejecución, las cuentas anuales, las retribuciones percibidas por los máximos responsables y las que tengan que ver con su funcionamiento y organización.
Una previsión de este orden va a transformar la realidad federativa actual, la va a convertir en más abierta, más responsable y, por tanto, más profesional. Muchas de estas obligaciones implican la necesidad de transformar algunas viejas pautas de gestión y avanzar en una línea de profesionalidad que es inherente a su nivel, su papel social y el dinero público que, en muchos casos, tienen las mismas.
Es cierto que muchos de estos factores y necesidades de profesionalización se han tenido que ir aplicando de una manera radical como consecuencia del drástico recorte de dinero público que ha obligado a una mejor gestión y, sobre todo, más imaginativa y menos dependiente. Ahora la exigencia de transparencia están llamada a convertir a las federaciones en instituciones más abiertas y expuestas».
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