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A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso «Baena», que criticamos sin tapujos en Iusport, la posición de todos los clubes es realmente insegura en relación a sus canteranos menores de edad. El RCD Espanyol ha articulado el «contrato de formación» con los padres en un intento de retener o fidelizar a sus jugadores, pero de la lectura de la Sentencia se deduce que también es o puede ser papel mojado
La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2013, sobre el que fuera jugador precisamente del Español, hoy en las filas del Rayo Vallecano, estableció que el principio de protección del menor, que dimana de la Constitución y de Tratados Internacionales suscritos por España, es un bien jurídico preferente y que los actos y contratos que perjudiquen el libre desarrollo de la personalidad o la proyección del menor, especialmente si van más allá de la adquisición de su capacidad de obrar, son nulos de pleno Derecho, y por lo tanto completamente ineficaces.
Desde hace tiempo, los órganos administrativos, en especial en las CCAA, han venido sosteniendo que si un menor quiere abandonar la disciplina de un club, nada se puede hacer en contra, siendo incluso discutible no tramitar una nueva licencia en tanto no se agote el periodo previsto para la anterior. Pero que la mencionada «retención» es ilegal a todas luces. Entre ellas, Cataluña.
El RCD Espanyol ha ideado un interesante mecanismo para intentar retener a sus jugadores, lo cual es lógico y plausible. Yo estoy a favor de que los pactos deben cumplirse, y si no se hace, el Juez decidirá si era una relación abusiva o leonina o no. Que un menor de 15 años firme junto a sus padres un contrato por el que juega al fútbol en un «grande», cobrando por ello cifras nada desdeñables, y se comprometa a cambio a permanecer en sus filas una serie de temporadas, con una cláusula indemnizatoria (justa, claro está) si la relación se interrumpe (más concretamente, si marcha a otro equipo), lo veo lo más lógico del mundo.
Sin embargo, tras la sentencia «Baena», la lógica queda en segundo plano, y por ello la política del RCD Espanyol es cuanto menos jurídicamente cuestionable. Así lo he comentado en algunos medios de comunicación, abordando la validez/invalidez de los contratos de formación del RCD Espanyol a partir de un caso práctico: la expulsión del club de un jugador cuyos padres no han querido firmarlos.