Por José Luis Pérez Triviño //
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¿Sería sensato que por el comportamiento incívico de unos vecinos concretos, resultaran también sancionados el resto de habitantes del mismo edificio? Parece que no; pues esto es lo que está a punto de suceder con algunos aficionados béticos a raíz de los recientes cánticos vejatorios de los ultras del Betis apoyando al presunto maltratador, el jugador Rubén Castro.
Éste constituye el último caso de violencia en un estadio de fútbol. Por desgracia desde hace unos meses son demasiadas las wp_posts negativas vinculadas al fútbol que aparecen en los titulares de los medios de prensa, no solo deportivos sino también generalistas.
Así por ejemplo, la reciente suspensión de la liga de fútbol griega al no haberse atajado el problema de la violencia que la asola. Desde la muerte del aficionado del Coruña por parte de aficionados ultras del Atlético de Madrid a finales del año pasado, la LFP, para que el tema no se le vaya de las manos, ha iniciado una campaña para erradicar la violencia en los estadios de fútbol, incluyendo no solo la violencia física, sino también la verbal y escrita, esto es, las pancartas que pudieran ser ofensivas.
El punto de apoyo de estas medidas reside en la Ley de 2007 contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, pero la LFP ha ido más allá. Son muchos los que apoyan esta política de tolerancia cero hacia la violencia.
Lo cierto es que junto a medidas acertadas hay otras que rezuman un cierto aire populista y por ello han recibido un notable apoyo por parte de muchos sectores sociales, pero si se analizan con un poco de detalle se percibirá que bajo unos propósitos loables (¿quién discute que se deba eliminar la violencia?), no todos los mecanismos que se han instaurado son justificables desde una perspectiva jurídica.
Así por ejemplo, algunas de las medidas que parece se van a adoptar contra el Betis parecen desproporcionadas pues pueden suponer que quien las sufra sea un inocente, como ocurriría con los cierres parciales o totales de las gradas.
En efecto, una cosa es disolver o castigar a un grupo de ultras con independencia de que todos sus miembros hayan podido cometer una infracción (lo cual ya es más que discutible), y otra lesionar los intereses legítimos de unos espectadores que por azar están en la misma grada que los ultra que han coreado eslóganes vejatorios.
También serían criticables algunos aspectos de la norma porque en ocasiones es difícil discernir el insulto de una legítima expresión de la libertad de opinión.
Así ocurrió con la pancarta que colgó el grupo de los Biris en el Sánchez Pizjuán y donde se leía “Queridos Reyes Magos, solo os pedimos: llevaos a Tebas de nuestro fútbol”.
En principio, no da la impresión de resultar ofensiva. Más bien parece lo que es, una crítica, con cierta dosis de humor, sobre la gestión del máximo mandatario de la LFP. Sin embargo, fue ordenada retirar y originó un comunicado de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Y también parece que se va a abrir expediente por los silbidos al himno español en la reciente final de la Copa del Rey de Baloncesto, lo cual podrá parecer mal a muchos, pero forma parte de la libertad de expresión.
En definitiva, en el fútbol, como en cualquier otro ámbito social, se deberá tratar de compatibilizar el legítimo empeño de disminuir el grado de violencia, intolerancia e incivismo con la vigencia de la Constitución española y los derechos de los que goza cualquier ciudadano, pues parece evidente que los estadios de fútbol no son un ámbito aislado donde rija arbitrariamente la voluntad de los dirigentes del fútbol español por muy loables que sean sus propósitos.