Un auto judicial irrecurrible es, por razones obvias, de obligado cumplimiento, sobre todo cuando no se ha iniciado la actividad sobre la que la resolución judicial se pronuncia.
Aunque se discuta a nivel doctrinal si el juez de lo mercantil tenía o no competencia, al menos parcial, sobre los acuerdos adoptados por la LFP respecto al Real Murcia, lo cierto es que estamos en un Estado de Derecho con todas las consecuencias.
La Liga había planteado a la RFEF una suspensión del inicio de la competición con el fin de poder dilucidar ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid el incidente de oposición interpuesto contra el auto que suspendió el descenso administrativo del Real Murcia.
Sin embargo, la Comisión Delegada de la RFEF, que es el órgano competente en esta matería, desestimó este lunes la propuesta de la LFP, dejando a este organismo en un callejón con dos salidas. Se equivocó la RFEF, pero, de forma inducida, también se equivoca la Liga.
De las dos salidas que tenía la patronal del fútbol, escogió a nuestro juicio la errónea. Siendo conscientes de que el Mirandés podría ejercer por su parte acciones legales en defensa de sus legítimos intereses, y quizá obtuviera una indemnización, lo procedente era reinscribir al Murcia y anular la adjudicación realizada a favor del Mirandés.
Todo ello, sin perjuicio de seguir adelante con el litigio, tanto en lo concerniente a las medidas cautelares como en cuanto al fondo del asunto.
