Por Julián Espartero Casado //
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La aplicación de las leyes de Garantía de Unidad de Mercado y de Servicios y Colegios Profesionales, ¿el fin de las potestades federativas de imponer condiciones de titulación o cualificación para el desarrollo de actividades de carácter técnico-deportivo?
Plantea Iusport en portada la noticia de que el Gobierno se haya planteado poner fin a la competencia que poseen las federaciones deportivas para llevar a cabo las actividades de formación de sus de técnicos deportivos. De modo que dicha actuación gubernativa se verá forzada por la realidad de los hechos y esto «es sólo cuestión de tiempo».
Por nuestra parte, en la presente colaboración nos permitimos plantear una posibilidad estrechamente relacionada con la previsión antedicha. Esto es, la amplitud de las reformas administrativas emprendidas por el ejecutivo bien puede determinar que las federaciones, como consecuencia de la aplicación de las mismas, no podrán seguir estableciendo condiciones de titulación o cualificación para el ejercicio de funciones profesionales de entrenador, preparador físico o cualesquiera otras de carácter técnico.
En este sentido debe recordarse que, en los comienzos de la legislatura, el Gobierno inició un proyecto de profundas reformas encaminado a afrontar la grave crisis económica. Una parte esencial del mismo se encaminó a la reforma de las Administraciones Públicas sobre la base de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos a fin de configurar un sector público libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios.
En otras palabras, se pretendía conseguir la simplificación, agilidad y transparencia en la gestión pública. Para el alcance de estas finalidades, y entre otras medidas, el 20 de septiembre de 2013 se presentaba al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley para la racionalización del Sector Público y de medidas de reforma administrativa con el fin de promover la racionalización y reducción de cargas administrativas, concretándose una serie de reformas legislativas necesarias a tal fin.
La reforma administrativa abordada por el Gobierno también se enfoca, de forma fundamental, a facilitar las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. De entre las diversas iniciativas dirigidas a simplificar los trámites y procedimientos, eliminar cargas y facilitar el acceso a la información de quienes se relacionan con el sector público, destaca la vigente Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de Garantía de Unidad de Mercado que persigue la simplificación de las trabas administrativas para el acceso y el ejercicio de las actividades económicas en las diferentes Comunidades Autónomas y la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional.
A su vez, esta normativa se fundamenta en la confianza mutua y en la responsabilidad de todas la Administraciones mediante la colaboración ex ante y ex post para el control y la supervisión. En pro de esta consideración se establece el principio de que el título habilitante para el ejercicio de una actividad o la circulación de un producto tenga eficacia en todo el territorio nacional y prevé mecanismos de cooperación entre las Administraciones Públicas para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar su coherencia.
