Publica hoy el diario EL MUNDO que el CSD (mejor dicho, la CCSSD) devuelve a la RFEA el «caso» Marta Domínguez por falta de competencia, una incompetencia que se presumía desde un principio. Ya lo dijimos, y era lo razonable.
Era de esperar. La orden de iniciar expediente disciplinario procedía de una Federación internacional (IAAF, asociación privada extranjera) y se dirigía a una Federación española (RFEA, asociación privada que ejerce determinadas funciones públicas administrativas delegadas, como es la disciplinaria), respecto de la que se pretendía actuara no en dicha calidad de agente público, sino como sujeto privado, integrante de la primera y aplicando las reglas internacionales desde territorio español (curiosa y peligrosa combinación de territorialidad y funcionalidad).
Con el peligro de la presunción de inocencia y de la Sentencia del TS del caso Roberto Heras, una Ley antidopaje por descubrir y la condición de parlamentaria de Marta Domínguez, la decisión de la RFEA fue la remisión del caso al CSD, circunstancia que podemos comprender pero que criticamos a partir de un reproche mucho más destacable y previo, que condiciona el proceder, como es que la IAAF no tramite y resuelva sus propios procedimientos disciplinarios.
Ahora toca esperar qué sucede con el expediente. O la RFEA lo incoa (dejando aparte caducidades y demás problemas formales) o lo devuelve a la IAAF, porque la inacción parece la peor de las opciones para la imagen del deporte español, que previsiblemente culminaría en el TAS cuestionando la decisión «presunta» de no sancionar (¿o de no abrir expediente?). En cualquier caso, vuelve a ser un papelón. Y eso que no hemos empezado a abordar el fondo del asunto, que es el «pasaporte biológico», del que hay que hablar también.