Por Ramón Fuentes //
_________________________________________________________________________________________
A punto de finalizar el mes de enero y la futura “Ley del fútbol”, la norma que debe regularizar la venta centralizada de los derechos de TV a partir de la temporada 2016-2017, sigue sin ser aprobada. El pasado 9 de diciembre ya adelantamos en IUSPORT que la tramitación de esta norma no iba a ser nada fácil.
Ya entonces expusimos claramente las dos trabas más importantes con las que se habían encontrado tanto la Liga de Fútbol Profesional como el Consejo Superior de Deportes, los dos grandes impulsores de esta futura ley. El problema esencial radica en el rango. Ya entonces exponíamos que no podía tramitarse como Real Decreto ni tampoco puede ser incluida en la Ley de Presupuestos. Pero tampoco como Real Decreto-Ley exclusivo para esta materia.
El problema de no poder ser tramitada como Real Decreto-Ley respondía a no tener carácter de urgencia. Como es conocido, el Real Decreto es una «norma jurídica con rango de ley que emana del poder ejecutivo y es dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad». Y es evidente que este nuevo mapa audiovisual del fútbol con la venta centralizada de los derechos no es de urgente necesidad dado que está prevista su entrada en vigor a partir de la temporada 2016-2017.
Como también expusimos en IUSPORT en nuestro artículo de principios de diciembre, esta imposibilidad obligó a LFP y CSD a buscar una nueva alternativa para su tramitación que pasaba por incluirlo en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2015. Pero también aquí encontraron enormes trabas legales, dado que, si bien en el pasado se han acometido estas iniciativas, desde hace un tiempo, y tras los varapalos recibidos de los órganos consultivos del Estado, el legislador es algo más escrupuloso y procura no introducir en dicha ley materias que no tengan carácter estrictamente presupuestario.
La última solución que se baraja para poder dar salida a este asunto está, sin embargo, a merced de otro decreto ley, el previsto para regular un nuevo reparto de las licencias digitales de la TDT. En dicho decreto ley, no sólo se buscaría devolver las licencias en su día arrebatadas a las dos grandes imperios audiovisuales de nuestro país, sino también la concesión de otras nuevas licencias de televisión.
El problema radica ahora en la negativa que se han encontrado el Gobierno por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en este nuevo reparto de la TDT. Negativa que está bloqueando la tramitación de la norma, que también incluiría la venta centralizada de los derechos del fútbol.
Se trata de un pacto global donde sino sale lo primero, es casi imposible que vea la luz lo referente al fútbol. Esto explica la situación de indefinición en la que se encuentra la futura legislación de la venta de los derechos audiovisuales del fútbol.
Situación de indefinición que empieza a preocupar seriamente a los clubes, algo que dejaron claramente patente en la reunión de la Comisión delegada de la LFP del pasado jueves 22 de enero en la capital de España en la que incluso se planteó la posibilidad de una huelga.
Porque gran parte de la viabilidad futura de los clubes y de la propia LFP pasa por sacar adelante esta nueva regulación. De hecho, la propia LFP estaría negociando con un fondo de inversión la concesión de un crédito, amparándose precisamente en las cantidades que esperan recibir en ese nuevo reparto audiovisual resultante de la venta centralizada. Ese crédito permitiría poder afrontar a todos los clubes que lo solicitaran, y de forma inmediata, las deudas que tienen contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social. A cambio, utilizarían como garante ante la LFP las cantidades que está previsto perciban a partir de la temporada 2016-2017.
Porque como también ya contamos en su día en ISUPORT, la intención de la LFP es conseguir cerca de 1.000 millones en este nuevo contrato audiovisual, frente a los 600 que se perciben en la actualidad y con un reparto entre clubes más equitativo. Empezando por el esfuerzo que realizan Real Madrid y Barcelona, donde sufrirían una pequeña reducción respecto a las cantidades que están cobrando actualmente. Ambos cederán cerca un 15% de sus ganancias que destinarán a los clubes de la Liga Adelante. Numéricamente, hablando significa que los os grandes pasarán de los 140 millones que perciben en la actualidad a ingresar alrededor de 125 millones de euros por temporada. Porque si algo tiene este nuevo Real Decreto es un reparto más equitativo de los ingresos.
Al margen de Real Madrid y Barcelona, de la cantidad restante, un 50% se repartirá a partes iguales entre todos los clubes y el otro 50% se hará conforme a conceptos como la clasificación en la última temporada, clasificación histórica de los clubes o sus audiencias de televisión.
También la RFEF y la propia AFE recibirán un porcentaje en ese futuro contrato audiovisual. En torno al 1% el estamento federativo y alrededor del 0,5% el sindicato.
