Por José Miguel Fraguela //
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Dice Miguel Cardenal que las huelgas convocadas en el fútbol base por algunas federaciones territoriales «se han asentado sobre un falso problema» y que «la regularización laboral de las personas que trabajan en el ámbito de deporte es una falsa polémica».
«Si hay compensación de gastos y no hay entrega dineraria es voluntariado y no hay obligación de dar de alta. Si tiene dinero para pagar y no quiere incrementar el coste solo tiene que detraer el porcentaje que corresponde a la Seguridad Social. Es una falsa polémica decir que esto amenaza a las entidades deportivas y que eso va a provocar el cierre de las entidades deportivas que no pueden asumir estos gastos», aclaró.
Demos por buena, a efectos dialécticos, esta tesis del secretario de Estado para el Deporte.
Ahora bien, la pregunta inmediata es: ¿Quién debe afrontar el sobrecoste para los clubes de base?
Y aquí es donde se produce la grieta en el discurso de Miguel Cardenal, pues se olvida de un mandato constitucional. Dice el artículo 43.3 de la Constitución: «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio». Este mandato se ha replicado en la ley estatal del deporte y en las diferentes leyes que en esta materia han promulgado las comunidades autónomas. No se olvide la debilidad estructural del tejido deportivo de base.
Queda patente, pues, la gran contradicción del secretario de Estado para el Deporte. Por un lado, recorta los presupuestos públicos, y como efecto dominó hacen lo propio las CCAA, cabildos y ayuntamientos, y por otro, en plena recesión, defiende que los clubes de la base den de alta a sus monitores en la Seguridad Social.
Técnicamente, es correcta su argumentación, por cuanto lo contrario sería invitar a la economía sumergida, pero al reducirse las dotaciones económicas públicas, en flagrante incumplimiento del deber de fomentar el deporte, pierde el Gobierno toda legitimidad para exigir la llamada regularización laboral en este momento.
Lo que ese impone es una nueva moratoria, como ya se hiciera en 2014, y tomarse un tiempo para buscar una solución que evite el desplome del deporte base. Las corporaciones locales tienen mucho que decir aquí, pero con una nueva ficha financiera estatal.
Lo que sí que hay desde siempre es una falsa delegación de competencias de las citadas corporaciones locales en el sector privado sin asumir su coste real.
José Miguel Fraguela Gil
Maestro Internacional de Ajedrez. Excampeón de España de Ajedrez. Exasesor de deportes del Gobierno de Canarias (1984-1987). Ex presidente de la Federación Canaria de Ajedrez (2002-2010). Exmiembro de la Comisión Permanente del Consejo Canario del Deporte (1999-2008).
