Por Luis Cazorla //
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A la vista de lo afirmado por Blatter en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA de hoy, parece que ésta se inclina en el marco del proceso de estudio de la cuestión a la que nos hemos referido en repetidas ocasiones, por la prohibición de los TPOs o propiedad compartida de derechos económicos de futbolistas. Con ello parece que a la postura de la FIFA, coincide con la de la RFEF en el ámbito interno, y la UEFA, en el sentido de prohibir la participación de estas estructuras de financiación en el fútbol.
Como he insistido en muchas ocasiones y foros (y no lo hago más ahora para no ser pesado en exceso, podéis consultar en el blog todos mis posts al respecto), me parece un error. Nadie niega los riesgos que la participación de estos actores en el fútbol trae consigo, pero la prohibición cercena todos los efectos beneficiosos que de los TPOs se desprenden. No es la opción de la prohibición la más proporcionada, y sí la que una mayor intervención implica. El fútbol profesional es una actividad económica empresarial (sin necesidad de definir el Derecho Mercantil como una actividad de mercado como el proyecto de código Mercantil). Se dan en ella todos los componentes de una actividad empresarial (organización, capacidad, habitualidad y ejercicio en nombre propio), por lo que con independencia de sus especialidades como sector, incuestionables y reconocidas por la UE, no existe motivo alguno justificado para no permitir la participación de instrumentos de financiación propios de cualquier otro sector económico, eso sí, modulando dicha participación, sobre la base de las especialidades del deporte profesional con la conveniente regulación, para eliminar los riesgos a los que antes nos hemos referido. Sinceramente, no creo que sea la solución más ponderada, ni ayuda tampoco a superar “el complejo de isla” que tanto daño hace al deporte profesional como sector económico y al Derecho deportivo como su instrumento de regulación.
Por último, no nos parece coherente defender la mercantilización de las contiendas judiciales de la actividad deportiva profesional en determinados casos, pero luego negar u oponerse a la participación en el fútbol profesional de instrumentos propios de la actividad mercantil común.
Seguiremos atentos.