Por Ramón Fuentes //
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Con razón titulaba ayer José Miguel Fraguela aquí en IUSPORT «realpolitik» para describir lo vivido en la Asamblea de clubes convocada en el día de ayer por la LFP tras el plantón de Ángel María Villar del pasado jueves. Si bien ya el comunicado dice mucho respecto a la opinión generalizada dentro de los clubes, la realidad confirma que no se hizo nada más porque realmente no se puede. De ahí el acertado título de mi compañero Fraguela en su artículo.
Porque haber adoptado alguna medida próxima a denunciar el convenio de coordinación firmado el pasado verano con la RFEF, habría sido poner el peligro seriamente toda la organización del fútbol profesional en nuestro país. Prácticamente haber provocado un verdadero tsunami» futbolístico. Sólo hace falta irse al texto original de dicho acuerdo para ver con detalle las peligrosísimas consecuencias de una medida así.
Porque no olvidemos que, como bien dice la palabra, dicho convenio es de «coordinación» entre ambas instituciones. Y hasta en el más mínimo detalle de cada una de las 27 páginas del documento, tiene algo de que decir la Federación Española de Fútbol. Si vamos página a página, para empezar ya en la segunda página se habla del sistema de ascensos y descensos donde queda bien claro que el derecho deportivo del ascenso de los clubes de Segunda B a Segunda lo establece la RFEF, si bien deberán cumplir unos requisitos económicos que vendrán fijados por la LFP.
Esto no es más que una pequeña muestra de hasta el punto de lo que habría supuesto cargarse el convenio. Pero ahondemos ya en los asuntos más importantes, empezando por los árbitros. Una ruptura del convenio habría supuesto cargarse el sistema de compensación fijado por la LFP a la Federación para pagar al estamento arbitral. Tanto en el apartado sueldos, viajes como los cursos. Y ya contábamos ayer que esto suponía más de dieciséis de los treinta millones que la LFP abona a la RFEF en dicho convenio.
De romperse dicho acuerdo o adoptarse alguna medida similar implicaría que serían directamente los 42 clubes de Primera y Segunda (en puridad 41, pues el Barça B no computa) quienes deberían pagar directamente esa cantidad. Dicho de otro modo, cada jornada deberían abonar las cantidades pertinentes al trío arbitral en el mismo estadio donde se disputara el encuentro. Algo rocambolesco.
Pero si acudimos al punto IV de dicho convenio, una fractura LFP-RFEF tendría unas consecuencias ilimitadas. Aquí están recogidas textualmente todas aquellas competencias que se «atribuyen a la LFP». Y entre ellas está toda la cuestión de horarios tanto en Liga como en la Copa del Rey, el número de licencias que pueden tener los clubes en Primera o Segunda o la titularidad del balón. Sólo la repercusión que tendría una ruptura del convenio en cuanto a horarios sería brutal dado que es una competencia que la RFEF ha delegado en la LFP pero que le corresponde al estamento federativo. Especialmente en lo relativo al torneo copero donde no conviene olvidar que el actual formato de competición y la explotación comercial y audiovisual del mismo es una concesión de la RFEF a la LFP. Si se juega a doble partido es porque los clubes se lo solicitaron a la Federación que escuchó su petición.
Una ruptura del convenio no sólo implicaría que la RFEF podría imponer el modelo que estimara más adecuado; sino que además se quedaría con todos los derechos audiovisuales y comerciales de la competición. Hasta ahora estos derechos están cedidos a la LFP desde los dieciseisavos de final hasta semifinales quedándose la RFEF con la exclusividad de la final. De producirse un desacuerdo, la LFP ya no tendría nada que decir en toda la competición copera, ni en cuanto a horarios, operadores televisivos, etc.
Otro de los puntos más conflictivos tiene que ver con los partidos televisados de los viernes y de los lunes. Romper el convenio con la Federación habría supuesto que estos partidos desaparecerían automáticamente dado que esta opción es una concesión del ente federativo como queda bien claro en el Anexo II de dicho convenio de coordinación. A todo esto hay que sumarle el asunto de la tramitación de licencias, tan polémico este año con el asunto de Pedro León. También aquí una ruptura dotaría de todas las competencias al ente federativo.
Y así podríamos ir analizando cada una de las páginas de este documento «clave» para el desarrollo y reparto de responsabilidades en el fútbol de Primera y Segunda división. De ahí que la Asamblea de la LFP no pudiera adoptar ninguna medida radical, haberlo hecho era prácticamente ponerse la soga en el cuello; haber dejado en manos y responsabilidad exclusiva de la de la RFEF muchos aspectos claves de la competición.