Por Javier Rodríguez Ten //

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Pues sí, acabamos de tener una huelga de fútbol base (lo digo para tanta gente que ni se ha enterado, porque la cosa ha pasado bastante desapercibida). No general, pues de hecho no ha llegado a afectar a la mitad de las territoriales; aunque se hable de que han parado las Federaciones alavesa, guipuzcoana, vizcaína y vasca nos encontramos ante una sola territorial, y lo mismo sucede con Tenerife, Las Palmas y Canarias, por lo que el parón ha afectado realmente a Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Canarias, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (cuyos equipos importantes compiten en Andalucía, que no ha parado). Suena distinto quitando cinco provincias y acotando adecuadamente a Ceuta y Melilla.

 

Una vez acotadas las cosas, no vamos a restar importancia al relevante seguimiento del parón, porque lo es, pero sí me gustaría incidir en el hecho de que haya sido «dirigido» y sin capacidad de discusión. Me explico. Si la Federación hubiera propuesto la realización de huelga, pero programando los partidos y enviando árbitros, podríamos haber cuantificado adecuadamente el seguimiento (y el respaldo) en cada Comunidad Autónoma, y podríamos habernos encontrado con sorpresas, tanto a favor (paros totales o casi totales) como en contra (el deportista de base lo que quiere es jugar, y no se ve a sí mismo involucrado en determinadas cuestiones). Pero a ciencia cierta. Es como si una gran empresa hace huelga y el día fijado se cierra la planta: el seguimiento es del 100%, por supuesto, pero… ¿y si se hubiera dejado libertad para trabajar? Es una duda que se solventa tan sólo en parte por los acuerdos adoptados por Juntas Directivas federativas, Comisiones Delegadas o Asambleas Federativas… ya que es una materia personalísima, no asumible ni siquiera por los órganos representativos. Habrá quien piense lo contrario.

 

Sin embargo, lo importante en este supuesto, a mi entender, es que con este parón carnavalesco (porque muchos de los huelguistas incluso lo habrán agradecido, que eso de tener que ir a jugar después de trasnochar no es bueno; pensemos en Canarias y Extremadura, por ejemplo, donde el carnaval está arraigado) el fútbol modesto ha perdido el argumento del miedo escénico. El poder de la amenaza de parar el fútbol-base ha bajado muchos, muchos enteros. Porque ha habido una huelga importante… y muchos no se han enterado, y a otros les ha importado muy poco. Por mucho bombo mediático que se le quiera dar. Al argumento «Pues se parará el fútbol en todas las territoriales», visto lo visto se puede oponer… «Pues muy bien», porque los perjudicados no son sino los huelguistas (ahora toca buscar fechas de recuperación de los partidos, entre semana la gente trabaja, los festivos libres escuecen, etc.). Es un hecho que el deporte modesto interesa a poca gente (en términos relativos) y que cuenta con un elevado componente localista (la huelga puede haber sido del 100% en La Rioja, pero en Aragón han jugado todos y están tan contentos; son compartimentos estancos).

 

Pregunta del millón: ¿Por qué no ha parado la Segunda División B, que es la categoría por excelencia adscrita a la RFEF, ya que Primera y Segunda división A lo son en coordinación con la LFP? Aunque sólo fuera en solidaridad con las Comunidades Autónomas que han parado, con el beneplácito y apoyo total de la RFEF… Pues porque tampoco le habría importado a nadie más que a los clubes, jugadores, técnicos y socios de dichos clubes, que tendrían que soportar los inconvenientes posteriores. Aquí sólo importa la élite, que al parecer podría parar pero por otra guerra, la de los derechos audiovisuales (leáse nuestro último comentario).

 

Para concluir, una reflexión. Las Federaciones territoriales se encuentran integradas en la RFEF, pero quien las reconoce y mantiene son las Comunidades Autónomas. Quien «manda» en ellas es la Administración autonómica, a la que no han preguntado para decidir la paralización de una competición autonómica, que jurídicamente hablando es una competencia pública delegada con la que no se puede jugar así como así. En esto del deporte, donde hay que cumplir con lo que dice la RFEF y las CCAA, las territoriales han preguntado a «papá» pero no a «mamá». Y mamá se puede enfadar, y mucho. Es más, existen tres Sentencias de tres Audiencias Provinciales que disponen que a los presidentes y directivos de las Federaciones deportivas, cuando actúan en el marco de competencias públicas delegadas, se les aplica el art. 24.2 del Código Penal y por lo tanto que sus actos contrarios a Derecho podrían ser constitutivos, por ejemplo, de un delito de prevaricación, y esto es algo muy serio. Esperemos que la sangre no llegue al río, porque sería excesivo. Pero sepamos con lo que estamos jugando.

Por IUSPORT

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