Por Javier Rodríguez Ten //
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Me gustaría hacer un sencillo comentario sobre la «oposición» del deporte de recreación a la licencia federativa, que puedo entender también pero que no comparto. Porque aquí lo que importa es que la Administración quiere controlar de algún modo determinadas actividades, por diferentes razones, y lo hace a través de entidades como las Federaciones deportivas, aprovechando que la Ley del deporte permite delegarles determinadas competencias públicas. Que no se engañen los interesados: si ese control no lo efectuaran las Federaciones, lo realizarían órganos administrativos (que no iban a suprimir ni reducir las tasas) o incluso entidades privadas con ánimo de lucro, vía contrato (que por supuesto encarecerían su coste).
Por ejemplo, la Administración puede estar interesada en controlar quién se dedica en sus ratos libres a la bonita actividad del aeromodelismo (sólo es un ejemplo, que no se enfade nadie), participe o no en los campeonatos autonómicos o de España; y de manera añadida, a los aviones. Porque un avión de aeromodelismo es un «juguete» que puede ocasionar daños a personas, animales y bienes, incluso la muerte. Y quiere que todo el que maneje uno de estos «drones» deportivos pase un reconocimiento psicológico, esté en posesión de un seguro de RC y pase revisiones a su aparato anualmente. Para ello, puede crear un Departamento dedicado a esta labor, puede asignar la función a una empresa privada o delegarlo a las Federaciones deportivas. En los tres casos hay un coste por dichas actuaciones, que en el primer caso serían tasas (a las que habría que añadir las colas y la lentitud burocrática), en el segundo facturas (encarecimiento) y en el tercero cuotas (menores), pero la realidad de lo que importa es que alguien debe ejercer dicho control. Y si ese alguien, además, se encarga de organizar competiciones (de participación voluntaria) y carece de ánimo de lucro, etc. pues mejor.
Pongamos el ejemplo de las ITV. El Estado o las CCAA podrían haber creado centros públicos de revisión de los vehículos, previo pago de las tasas correspondientes, pero optó por las concesiones a empresas privadas, de manera que el conductor paga a éstas por la revisión, y éstas obtienen ingresos que exceden de los costes, que se destina a sus gastos y a beneficio empresarial. Pero, ¿por qué no? podría haber asignado a la Federación de automovilismo dicha función, y en ese caso los vehículos lo que tendrían sería una licencia federativa habilitante para circular, una vez pasadas las revisiones y verificada la contratación del seguro obligatorio, en vez del sellito en la documentación. Esa Federación, sin ánimo de lucro, obtendría ingresos para sus fines deportivos, lo que veo mucho mejor que el destino al negocio privado o a inflar la Administración creando centros públicos dedicados a esos menesteres. Y somos libres si inscribimos nuestro coche en alguno de esos campeonatos o no, que es un valor añadido, pero la función de verificación ya se ha cumplido.
¿Qué hay de malo en operar de este modo en determinadas actividades recreativas que precisan un control o garantías mínimas, como pueden ser la caza o la pesca? Yo creo que nada. Incluso en otras de control bastante más difícil por razones obvias (como aporta Borja Iriarte), las actividades de montaña, en las que el practicante debe tener unos conocimientos mínimos y es interesante disponga de un seguro que pueda atender los elevados costes de un rescate, que pueden ser reclamados al interesado.
Por tanto, en el caso de modalidades o especialidades deportivas en las que puede predominar incluso el deporte «para todos» o no competitivo, yo defiendo el papel de las Federaciones deportivas y de la licencia, debiendo matizarse que las funciones públicas delegadas en este caso no son prioritariamente las derivadas de la organización de una competición oficial (en eso estamos de acuerdo), cuya participación pasa a un segundo plano y queda como hipotética u optativa, sino las derivadas de la tutela de una actividad que también se practica de manera oficial pero que precisa, existiendo interés público, de un determinado control en ambas esferas, que la Administración decide otorgar por entero a uno de sus agentes colaboradores y que finalmente se materializa en forma de licencia. Sin más.
¿Es mejor la opción administrativa o la privada a la actual? Virgencita, que me quede como estoy.
