Por José Miguel Fraguela //
_________________________________________________________________________________________
El presidente de la RFEF ha convocado una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para este próximo martes en medio del fuego cruzado entre las federaciones territoriales y los clubes profesionales, cuyos intereses no coinciden en la crisis que enfrenta a la organización federativa española al CSD y a la Liga.
Como saben los lectores de IUSPORT, la contundente reacción de Javier Tebas tras la frustrada reunión con el ministro José Ignacio Wert, por inasistencia de representante alguno de la RFEF, invitaba a pensar en una ruptura de relaciones entre ambas organizaciones, que no se ha producido, pero a cambio de algo.
En nuestra columna del día 29 avanzábamos que una mera suspensión de relaciones entre ambas organizaciones supondría a su vez un bloqueo de las propias competiciones. La RFEF haría valer sus competencias en diversos órdenes, entre ellos la validación de licencias y de resultados, o la designación de árbitros y la disciplina deportiva, entre otras.
La Asamblea de la Liga se limitó entonces a «respaldar» la gestión llevada a cabo por su Presidente; a «reprobar» la actitud de Ángel Villar; a «requerir» a la RFEF para que cumpla lo pactado el 6 de marzo sobre el Real Decreto-Ley audiovisual; y, finalmente, a instar al Gobierno para que a su vez le «requiera para que modifique inmediatamente su posición por el bien del fútbol español».
Como decíamos en esta columna, se impuso la «realpolitik». Sencillamente, los clubes estaban persuadidos de que una ruptura con la RFEF sería como matar a la gallina de los huevos de oro. Se produciría una parálisis de las propias competiciones de la Liga, Primera y Segunda A, lo cual sería más perjudicial para sus intereses que los beneficios a lograr con la venta centralizada de los derechos audiovisuales.
Pero el asunto no podía quedarse ahí. Acto seguido, los clubes con presencia en los órganos de la RFEF se propusieron presionar a Villar para conseguir desbloquear el Real Decreto-Ley audiovisual, aplazando por el momento la negociación de las otras cuestiones pendientes en materia de fútbol aficionado.
Y aquí aparecen en escena las federaciones territoriales. Por si fuera poca cosa la problemática de la regularización laboral, recientemente ha surgido un nuevo contratiempo: las inspecciones de la Agencia Tributaria a los árbitros adscritos a las categorías no profesionales.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, ha dirigido un escrito, fechado el 20 de marzo pasado, a todas las federaciones territoriales de la RFEF en el que las insta a remitir información detallada sobre los árbitros que actúan en Segunda B y Tercera, así como en fútbol sala, tanto masculino como femenino.
Diversas fuentes de las Territoriales consultadas por IUSPORT han manifestado que por ese camino será difícil alcanzar un pacto.
Y se cruzan los caminos. Esta situación afecta, por efecto dominó, al pretendido -por la Liga- Real Decreto-Ley audiovisual, vital para los clubes profesionales pero que se ve frenado por los otros agentes en presencia.
El papelón que tiene ante sí Villar es, pues, cómo conciliar los intereses de ambos estamentos.
Esperaremos acontecimientos.
