La Unidad Productiva de un club de futbol de Segunda B, en
formato de SAD, estaría formada por el primer equipo básicamente, ya que ni el
filial ni el juvenil que tuvieran podrían merecer dicha distinción en ningún
caso, al carecer de productividad y mucho menos positiva, hecho que se demuestra
amplia y sobradamente con el mero hecho de haber llegado al concurso el primer
equipo.
Llegados al punto de efectuar unas más que dudosas subastas en
las formas y métodos empleados en cada uno de los casos vistos hasta la fecha de
clubes de Segunda B, en pleno proceso de liquidación de la SAD, tras la no
consecución de convenio alguno de acreedores que garantizase su viabilidad, se
procede a aplicar la Ley Concursal al límite, en tiempo y forma, subastando la
Unidad Productiva ( llámense Derechos Federativos ) de la entidad concursada con
el fin de salvaguardar los puestos de trabajo que tenía ésta.
Pero cabe
recordar que el grueso de la deuda de los acreedores siempre es la SS y Hacienda
impagadas, correspondientes, en su mayor parte, a esos puestos de trabajo que se
pretenden salvaguardar y que son acreedores privilegiados, sin tener en cuenta
que ni generan ni generarán beneficio alguno, pervirtiendo el espíritu de la Ley
Concursal, y desvirtuando la finalidad del Legislador, ya que al tratarse de
Empresas con una nula solvencia y más que incierto futuro, no cabría aplicar
estos beneficios, que en su mayoría acaban en manos de los mismos que llevaron a
la concursada al precipicio del cual jamás salieron, y del cual el erario
público, del que formamos parte todos, no se resarcirá jamás de las enormes
deudas acumuladas.
Los mismos jueces se encargan de proteger a quienes
permitieron esas deudas sin ningún tipo de justificación, más allá de la plena
sumisión al poder político local y/o social de la ciudad de que se trate,
infringiendo por parte de estos poderes, representados en las Delegaciones
Territoriales respectivas, toda clase de perversión mediante prevaricaciones
administrativas por lo menos, permitiendo aplazamientos e impagos fuera de toda
clase e índole.
Deudas que se generan al amparo de la impunidad con que
operan Consejos de Administración a los que no se les atribuye ningún tipo de
responsabilidad ( que la tienen y enorme ), así como a los secretarios de esos
consejos que certifican lo incertificable, incumplen toda legislación mercantil
de presentación de cuentas anuales al Registro Mercantil, balances que no se
sostienen ni con pinzas, e Instituciones que les conceden Subvenciones
públicas, subvenciones que no se podrían otorgar sin los correspondientes
certificados negativos emitidos desde las Delegaciones correspondientes de la SS
y de Hacienda ( de las que formamos parte todos ), conforme a que se encuentran
al corriente de pago en sus correspondientes obligaciones fiscales, tributarias
y sociales.
Subvenciones que debieran ser investigadas y perseguidas en
contra de todos aquellos Alcaldes, Presidentes de Diputación y Entes varios que
las concedieron con su firma, con el beneplácito de los Interventores de las
mismas, a expensas de los correspondientes pero increíbles informes de los
Secretarios respectivos de esas instituciones, que en plena sumisión al poder y
sin ninguna validez jurídica. permitieron que se destinaran fondos públicos en
forma de ayudas directas a esas SAD, o en su contra, a esas Fundaciones
vinculadas a las mismas, con una opacidad y oscurantismo propio de las más
felices de las republicas bananeras que podamos imaginar, eso sí, en el país que
presume de ser garante de un Estado Social y Democrático de
Derecho.
Amén.
Quizás haya llegado la hora que se encauce tanto
desmán, paguen las sandeces todos estos aduladores de príncipes caídos, se
califiquen las piezas culpables de los concursos fallidos de las SAD en
liquidación, se responsabilice a los Administradores de las Sociedades por toda
clase de delitos societarios y paguen sus culpas como cualquier otro empresario
que haya malversado en su Gestión llevando una sociedad a la quiebra, sin la
protección que goza hasta la fecha, suponiendo un claro agravio comparativo y
una tremenda injusticia para aquellos que lo hacen bien, sin excesos y
cumpliendo fielmente con sus obligaciones de toda índole, a expensas de menos
glorias deportivas, convirtiéndose en privilegios impropios de una sociedad
avanzada como la que se supone que compartimos.
Sus Señorías, hagan
cumplir y cumplan la Ley, en su estado puro.
En beneficio de
todos.
Josep Mª Alcalà Espunyes es Gestor
Deportivo
Alcalá Sports Management
josepm.alcalaespunyes@gmail.com
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