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Los demandados en la acción de responsabilidad ejercida por el FC Barcelona (Rosell/Bartomeu), con Joan Laporta al frente, andan muy preocupados con las alegaciones formuladas durante el juicio por parte de la compañía Zurich, con la que en su día suscribieron una póliza de responsabilidad civil de los directivos hasta 2016.
La aseguradora, que intervino en último lugar, mantuvo en el juicio que es el aval presentado por la Directiva el que debe responder ante resultados negativos y subrayó que, como póliza de seguros de responsabilidad civil, se hace cargo sólo “de daños y perjuicios reales”.
Como es sabido, Laporta presentó en el último año de mandato, unas cuentas con 11,1 millones de euros de beneficio, las cuales fueron, sin embargo, reformuladas en 2010 por la junta presidida por Rosell, tras lo cual pasaron a 79,6 millones de pérdidas. Sobre este punto pesa la declaración realizada por la empresa auditoría Deloitte de que no sugirieron reformular las cuentas.
El juez llegó incluso a interpelar al Barcelona: “Si hay provisiones que no se han materializado y no se han convertido en pérdidas, ¿por qué se las reclaman al demandado?”.
El contrato y concurso de Mediapro, el traspaso de Henry, la venta de San Joan Despí, el caso Raúl Baena, los terrenos de Viladecans y Sogecable fueron el punto de encuentro del litigio.
Tras finalizar las conclusiones, el magistrado pidió las cifras exactas y quedó constancia de que el FC Barcelona no presentó la segunda tasación de Viladecans ni los informes negativos de la Generalitat.
Todo esto explica el porqué de que la compañía aseguradora haya preferido intervenir en último lugar y por qué intenta desmarcarse de un conflicto genuinamente cainita entre dos sectores del club en un durísimo enfrentamiento en el que quien más pierde es la propia entidad.