Por José Miguel Fraguela //
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El presidente ejecutivo de la ACB, Francisco Roca, no cabe duda que preparando la importante asamblea de este jueves, ha afirmado que la causa de que se estén sufriendo cada año litigios en materia de ascensos y descensos se deben a la -a su juicio- defectuosa legislación española.
En declaraciones efectuadas al diario La Opinión de Málaga, Roca ha manifestado que echa en falta «una Ley del Deporte moderna que de alguna manera sitúe la dinámica de los ascensos y descensos de una manera que sea indiscutible y que no tengamos que estar siempre terminando en un juzgado o en el Tribunal Administrativo del Deporte para solventar estos temas».
El presidente ejecutivo de la ACB confesó que el tema de los «ascensos y descensos, y no sólo en el baloncesto, también en el fútbol, ha dejado de ser un proceso pacífico. Se ha convertido en un proceso complicado, confrontacional y muy desagradable. Lo que nos gustaría es que esto no fuese así».
Precisamente por ello ha suscrito el reciente preacuerdo con el Ourense, que se debatirá el jueves en la asamblea de la ACB. Este documento, que establece las condiciones en las que el club podría ingresar en la liga Endesa en la temporada 2016/2017, pretende detener un litigio que desgastaría considerablemente a la patronal, y al que se le prevé una larga duración que perjudicaría eventualmente al club, pues, en caso de perderlo, no sería admitido en la liga Endesa ni en esta ni en la siguiente temporada.
Ahora bien, a falta de legislador, bienvenida sea una sentencia. Tal es así que Roca y el presidente del Ourense (Gavilanes) han pactado seguir adelante con los recursos a efectos puramente «dialécticos», con el fin de conocer el criterio de las instancias administrativa (CSD) y judicial sobre la problemática suscitada.
Pareciera que la ACB estuviera esperando por un tercero (CSD o juzgado) para clarificar el tema de los ascensos y descensos a la vista -dice- de que el legislador no lo tiene resuelto.
Es curioso esto. Por un lado, Roca se queja de excesivo intervencionismo del CSD y por otro implora la ayuda del legislador, o en su defecto del CSD o del juzgado, para fijar un criterio definitivo sobre la problemática de marras.
