Por María J. López González //
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El mundo del deporte está asistiendo a una generalidad de opiniones en relación a la impronta de los fondos de inversión en su sector. En nuestro país no existe una regulación específica, de ahí que no se puede afrontar bajo el prisma de legalidad o ilegalidad; y en ese terreno de juego, sin reglas aparentes, estamos asistiendo a un sinfín de coloquios y eventos donde los fondos de inversión capitanean los debates. Detraer dinero de capital privado para el mundo del deporte y, especialmente, el fútbol parece gustar a muchos, aunque hay resistencias evidentes por lo que implica de manejar situaciones contractuales laborales de especial incidencia en el deportista. De ahí que las organizaciones que representan a los futbolistas muestren un rechazo a la incursión del mercado español por entender que los jugadores pueden quedar supeditados a puros intereses financieros.
El argumento en pro de los mismos está simbolizado en la mercantilización del deporte, con especial incidencia en el fútbol, que lo considera como un maná, que ha venido a quedarse. La UEFA hace tiempo que viene mostrando su más radical rechazo a los mismos, el propio presidente los calificó de dopaje financiero. Según la UEFA, los fondos de inversión mueven unos 3.500 millones de euros en Europa.
Los hechos indican que estos fondos de inversión, en algunos casos, han dirigido las relaciones laborales de los deportistas, instrumentalizando el ámbito laboral al ámbito puramente mercantil. Terreno que no debiera descuidar ni las administraciones públicas, ni los propios deportistas, si contextualizamos una capitalización dineraria frentista en relación a una contratación laboral.
La otra cuestión clave y que debiera dar para reflexionar es aquella que sitúa el fondo de inversión en la capitalización estricta de un deportista, desentendiéndose del resto de la estructura del equipo. Los que se dicen especializados en deportes y deportistas, se enmascaran de gestores financiadores que lo que hacen es capitalizar por puro interés a una activo – futbolista estrella- y hacen el negocio y descuidan el resto de la entidad.
En nuestro país las cifras son contundentes y, en una situación de alegalidad, el año pasado se aportaron más de 100 millones a los equipos españoles para que pudieran sufragar sus gastos. Sería, por ello, interesante marcar unas reglas del juego para evitar esa simulación de beneplácito de fondos que, como mínimo, consiguen una rentabilidad de entre el 10 y el 15 por ciento, y se hacen en muchos casos, a pesar del propio jugador, frente a otros tipos de capitalizaciones que no entran en la relación contractual laboral. La clave está en la operación traspaso – transmisión de derechos- que es donde ahí se produce, por un lado, el elemento especulativo; y por otro, la posible dejación de decisión del propio deportista.
María José López González
Abogada
