Esteladas e himnos: ¿quién limita la libertad de quién?

Los juristas estamos acostumbrados a distinguir entre la lege lata y la lege ferenda, esto es, la ley tal y como regula un asunto y la ley que lo regularía de forma deseable. Dicho en términos poéticos, la realidad y el deseo, las cosas tal cual son y las cosas como nos gustarían que fueran. En esta tesitura se encuentra actualmente el FC Barcelona respecto de la normativa de la UEFA que prohíbe que en las competiciones futbolísticas se lleven a cabo, entre otras, manifestaciones de naturaleza política. A los estamentos del club no les gusta esa regulación y querrían que la UEFA no les castigara por las esteladas que lucieron sus seguidores en la última final de la Champions, pues en su opinión supondría un atentado a la libertad de expresión.

El asunto no es fácil de resolver pues, por un lado, hay argumentos que ponen en cuestión la actitud inflexible y rigurosa de la UEFA en la persecución de una actividad pacífica que, en teoría, no daña a nadie. En este sentido se despiertan muchas dudas: ¿qué legitimidad tiene una institución privada, la UEFA, para prohibir a los aficionados a expresarse libre y pacíficamente en un estadio? Por otro lado, ¿qué responsabilidad tiene un club respecto de los actos de sus aficionados? Y, por último, ¿no son también manifestaciones políticas las banderas que representan a Estados o que tienen otros contenidos ideológicos? ¿Por qué no se prohíben también?

Sin embargo, parece necesario ponderar otros aspectos de la controversia. En primer lugar, históricamente el deporte siempre ha tratado de desvincularse de la política. Si ahora se va a primar la libertad de expresión política de los aficionados en un estadio, ¿se tolerará cualquier expresión con independencia de su contenido? ¿Serían entonces tolerables banderas fascistas o yihadistas? ¿Habrá que distinguir entre mensajes políticos legítimos e ilegítimos, con toda la dificultad que ello supone?

En segundo lugar, habría que hacer el esfuerzo de ponerse en la piel de un dirigente de la UEFA al que no le gustaría que se reprodujesen episodios de violencia -como el de la final de Heysel- que todos quisiéramos que no hubieran sucedido. Un partido de fútbol es de por sí un espectáculo donde las emociones suben de tono fácilmente y que cuando enfrenta a equipos rivales por una victoria importante puede desembocar en expresiones difíciles de controlar. Por ello, no parece tan estrambótico que la UEFA trate de desincentivar aquellos factores que puedan contribuir a que los aficionados se dejen llevar a extremos incontrolables y peligrosos.

Y entre ellos, está la política. Y es que, aun cuando en la mayoría de los casos no se producen incidentes, pocos negarían que las rivalidades políticas cuando van acompañadas con las deportivas pueden ser un cóctel explosivo, como sucedió hace poco en el partido entre las selecciones de Serbia y Albania. Porque imagínense que en la final de la Champions el Barça se hubiera enfrentado al Real Madrid: ¿sería inocua y exenta de peligro en las circunstancias políticas que todos conocemos la manifestación de banderas, esteladas y españolas? ¿O que las pitadas al himno español de la última final de la Copa del Rey hubieran tenido lugar en un enfrentamiento entre Barça y Real Madrid?

Pero aún hay otro argumento adicional que no se ha tomado suficientemente en consideración. El FC Barcelona alega la sacrosanta libertad de expresión de sus socios de expresar sus convicciones políticas. En principio, parece incuestionable el derecho de cualquier ciudadano a expresar sus preferencias políticas. Pero como sabe cualquier jurista tal libertad no es absoluta, sino que tiene como límite la libertad de otros ciudadanos de no quedar rehén del primero cuando manifiesta su ideología política. Y esto es precisamente lo que ocurre en ciertas manifestaciones de la libertad de expresión que tienen lugar en un estadio, pues en principio el motivo de asistencia a un estadio es ver un partido de fútbol y no una manifestación política.

Si un colectivo quiere manifestarse por una vía pública tiene que al menos comunicar esa pretensión a la autoridad gubernativa. Por otro lado, así se logra que otros ciudadanos que no quieren participar en dicha manifestación tengan la posibilidad de evitar tropezarse con ella. Y esto, precisamente no ocurre cuando la manifestación tiene lugar en un campo de fútbol. El aficionado que solo asiste a un partido ¿debe tolerar que una parte de los asistentes acudan al campo a expresar su ideología, sea cual sea, sin tener la posibilidad de evitar presenciar dicha manifestación?

Por último, cabe preguntarse qué gana el Barcelona en todo este asunto. Porque lo que está claro es que, al menos deportiva y económicamente, tiene todas las de perder. Y ello es así porque, como ya hemos dicho, la UEFA es inflexible en cuanto a la prohibición de aquellas manifestaciones que no sean deportivas, y más en concreto de aquellas de origen político, en un encuentro que se dispute en una competición organizada por ella, haciendo responsable al club de este tipo de comportamientos por parte de sus aficionados. A este respecto, el FC Barcelona se está jugando el cierre parcial o total de su estadio, y, de continuar con este tipo de manifestaciones, incluso estaría poniendo en riesgo su continuidad en el campeonato, puesto que la expulsión del mismo es una de las medidas contempladas en el Código Disciplinario de la UEFA para este tipo de infracciones.

Es evidente que nos encontramos ante una situación bastante compleja en la que habrá que ver hasta qué punto el FC Barcelona va a poder sostener este pulso que está echando a la UEFA y en el que él es el único que tiene todas las de perder.

Eva Cañizares Rivas

Abogada experta en Derecho Deportivo.

José Luis Pérez Triviño

Profesor de Filosofía del Derecho.Universidad Pompeu Fabra

Presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte.

Nota de los autores.- Publicado anteriormente en El Mundo