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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dicado sentencia por la que desestima el recurso de la Federación de Natación (RFEN) contra la dictada por el Juzgado de lo Social que declaró improcedente el despido -en mayo de 2013- de la exseleccionadora Anna Tarrés. En aquella instancia se había condenado a la federación a pagar 383.000 euros de indemnización a Anna Tarrés.

A la indemnización por despido -los citados 383.300 euros-, hay que sumar los 57.000 que han tenido que abonarle en concepto de premios del curso 2013, si bien estos últimos ya han sido pagados en su totalidad.

Tan sólo queda pendiente una cantidad (alrededor de 7.500 euros) relativa a los reconocimientos que el Comité Olímpico Español reparte a cada entrenador presente en un éxito deportivo en los Juegos Olímpicos. Dinero que, según la versión de la Federación, ya estaba contenido en la gratificación por los premios incluida en el contrato de la exseleccionadora.

ABC recuerda que todos los frentes abiertos entre los dos bandos han terminado dando la razón a Anna Tarrés. La primera sentencia reconocía la vulneración de su derecho al honor; en la segunda se declaraba la «nulidad» del despido disciplinario; y en la última, anterior a la resolución de este recurso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se reconocía el pago de 57.000 euros por los premios de 2013.

Tres reveses que han dejado muy tocadas las arcas de la federación y que han puesto en tela de juicio la decisión tomada por Carpena tras los Juegos de Londres.


Recurso

La sentencia del TSJC no es firme. La Real Federación Española de Natación anunció este viernes que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el ‘despido disciplinario’ de la exseleccionadora de natación sincronizada Anna Tarrés.

Señala que un año después del ‘despido disciplinario’ de la técnicos, el organismo «obraría del mismo modo, sobre todo al haber contrastado en su día prácticas extra deportivas e inaceptables».

«Según testimonio de alguna de las deportistas integrantes del equipo de natación sincronizada, que así lo declararon judicialmente, éstas fueron presionadas por la exentrenadora para firmar un contrato con una agencia de patrocinio. Dicho contrato, además, señala que ‘los ingresos generados por los patrocinios (*) serán distribuidos y gestionados por la Sra. Anna Tarrés (Seleccionadora Nacional y Responsable del equipo de natación Sincronizada)*», asegura en su comunicado la RFEN.

En este sentido, desde la RFEN apuntan que «con este comportamiento la Sra. Tarrés pretendía asumir, con desconocimiento de la RFEN hasta ese momento, competencias institucionales propias de la RFEN, incumpliendo sus propias obligaciones contractuales», y concluye recordando las siete medallas logradas por la sincronizada en los pasados Mundiales, que mejoraron los resultados obtenidos en Shanghai 2011 bajo el mando de la por entonces seleccionadora.

Si se confirman todas las decisiones judiciales, el despido de Tarrés le puede salir por casi medio millón de euros a la RFEN.


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Por IUSPORT

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