El club, por medio de la junta directiva de Sandro Rosell adoptó
en su día la decisión de no iniciar el proceso de ejecución por entender que el
club no obtenía inmediatamente ninguna ventaja y porque el FC Barcelona carecía
de legitimación activa para hacerlo.
El socio Vicenç Pla, sí adelantó en
su momento que él estaba decidido a hacer cumplir la sentencia, condenatoria a
ocho ex directivos del club a prestar el aval que debió haberse hecho en su día,
cuando tomaron posesión del cargo en 2006. Si bien, aclaró, no aceleraría la
ejecución hasta que el Barça no hubiera conquistado la Liga, reto ya consumado.
Para el socio culé, “no había otro camino, los directivos no han
presentado voluntariamente el aval y como el club tampoco se ha movido pues es
nuestro deber y obligación que esta sentencia a favor del club se
cumpla”.
Antecedentes
La demanda presentada por el socio
Vicenç Pla contra Laporta y su directiva en el año 2008 parte de un proceso
judicial anterior que obligó al Barcelona a convocar elecciones en 2006 y no en
2007. El juez consideró que los primeros ocho días de mandato de Laporta en 2003
equivalían a un año de gestión. De acuerdo con esta sentencia, Pla presentó su
demanda solicitando que los directivos que estaban en el club en el año 2006
debían presentar un aval de unos 60 millones de euros, de los que 42 equivalen
al 15% del presupuesto de la temporada 2006-07 y el resto, a las pérdidas de
2002-03. En primera instancia, el juez desestimó el requerimiento de Pla
argumentando que la Junta no tenía que avalar, ya que la LFP le comunicó que no
debía hacerlo.
Pero Pla recurrió y la Audiencia Provincial falló contra
Laporta. El ex presidente reaccionó y llevó el caso al Tribunal Supremo mediante
un recurso de casación que, tal como conocimos esta semana, ha sido desestimado.
Por eso, Laporta, Godall, Boix, Ferrer, Yuste, Perrín, Castro y Cubells deberán
presentar solidariamente un aval de 23,2 millones.
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