Por Ramón Fuentes //
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El Real Decreto ley de 30 abril del 2015 para la comercialización de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales de las competiciones del fútbol profesional, si bien fue un acuerdo necesario y sin precedentes en nuestro fútbol, dejó varios puntos conflictivos. Especialmente en los porcentajes que dicho Real Decreto designaba en su artículo 6 relativo a las “Obligaciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga”.
En dicho articulado, además de fijar el fondo de compensación para los clubes que descienden de categoría; se establecía los porcentajes exactos de reparto de los ingresos totales de los derechos audiovisuales entre la propia Liga, la Federación Española, el CSD y el resto de entidades como el fútbol femenino, Segunda B o el sindicato de jugadores.
Dentro de este reparto, dos fueron los porcentajes que provocaron un enorme enfado a sus destinatarios. El 1% correspondiente a la RFEF y el 0,5% destinado al resto de entidades como fútbol femenino, Segunda y donde estaba incluido la AFE. Ninguno de los dos entendía el por qué de un asignación tan corta; algo que acabó derivando en la convocatoria de de huelga por parte de la AFE y respaldado por la propia Federación. Huelga que nunca llegó a efectuarse por las medidas cautelares otorgadas por la Audencia Nacional a petición de la LFP.
El mayor porcentaje para tramitación de licencias de personas en dificultades económicas
Pues bien, centrémonos en el punto 1 de dicho artículo 6 y donde se establece ese 1 por ciento a entregar a la Federación Española de Fútbol, “como contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado”. Dentro del mismo, el propio Real Decreto dejaba claro que sería “el Gobierno” quien “determinará reglamentariamente las finalidades y los criterios de reparto entre las federaciones de ámbito territorial, en función de las licencias”. Dicho de otro modo que el CSD actuará de garante para que no sea la propia RFEF quien decida y reparta estas cantidades. Decisión que en su momento parecía responder a un claro intento de controlar las asignaciones del Estado, más después de las dudas existentes en torno al reparto de las cantidades que el gobierno destina a la RFEF a través de las Quinielas.
Pues bien esa reglamentación está a punto de ver la luz. IUSPORT ha tenido acceso al proyecto de Real Decreto “en el que se dictan las normas de desarrollo” del citado Real Decreto de 30 de abril del 2015. Un proyecto en el que tanto el CSD como la RFEF llevan meses trabajando. En el caso del ente federativo es Marcelino Maté, presidente de la Federación Castellano Leonesa y presidente de la Comisión de clubes de Segunda B.Ya en su exposición de motivos deja claro como se pretende regular. “Se regula la contribución al desarrollo del fútbol aficionado, obligando a destinar el 1 por ciento de los ingresos procedentes de la comercialización de derechos audiovisuales del cual el 90 por ciento se repartirá entre las federaciones territoriales en proporción del número de licencia federativas y el 10 por ciento equitativamente entre todas las federaciones territoriales”. Y continúa exponiendo “Estás deberán destinar, refiriéndose a las federaciones territoriales, el 80% a la expedición de licencias de personas con dificultades económicas y el 20% restante al desarrollo de la práctica del fútbol aficionado”.
Haciendo número estaríamos hablando de que, en el supuesto de un total de 1200 millones, serían 12 los destinados al fútbol aficionado. De estos, unos 10,8 millones se repartirían en función de las licencias y el 1,2 restante de forma equitativa entre todas las territoriales.
Se desarrolla en la sección 2 relativa a la contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado
Y todo queda desarrollado en la sección 2 relativa a la contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado. Empezando por su artículo 4 donde en su punto 2 establece que las “cantidades deberán ser entregadas a la RFEF antes de la conclusión del año natural en el que los clubes o entidades participantes reciban los ingresos correspondientes a cada temporada”.
Es en el artículo 5 donde se especifican claramente los criterios de reparto. Así en el punto 1 desarrolla aún más lo expuesto al principio dejando claro que “un 50% de la cuantía total se repartirá entre las federaciones en proporción del número de licencias”, determinando a su vez que “ a los efectos de este cómputo, se aplicará un coeficiente de 1,5 de licencias otorgadas a deportistas femeninas y a menores de 16 años”. Además, como se establece en el punto b, un “38 por 100 de la cuantía se repartirá, a partes iguales, entre la federaciones de ámbito autonómico” y es en el punto c donde determina que en “un 12 por ciento de la cantidad se repartirá entre las federaciones de ámbito autonómico, en proporción al número de provincias con las que cuente cada Federación”.
Otra muestra más del control absoluto queda establecido en el punto 2 de citado artículo donde establece que “la Federación publicará a través de su página web la distribución de estas cantidades entre las federaciones de ámbito autonómico”.
Es en el artículo 6 donde se fija el destino de los ingresos dejando claro que deberán destinarse a “programas de fomento o promoción del fútbol aficionado” que persigan finalidades como aquellos clubes que no tienen filiales, a promover el desarrollo del fútbol femenino, organizar cursos de formación, organizar cursos de formación de árbitros y técnicos y “contribuir a la financiación de los costes de expedición de las licencias federativas de aquellas personas cuyos ingresos familiares no superen en 2 veces en Indicador Público de la renta de efectos múltiples y de las licencias federativas de los menores de edad cuyos padres o tutores se encuentren en situación legal de desempleo”.
El citado artículo acaba recordando que están exentos los equipos filiales o dependientes de la Liga de Fútbol Profesional y que para percibir dichas cantidades será “necesaria la previa presentación los correspondientes certificados de estar al día de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social”.
Parece claro entonces la intención del CSD de controlar hasta el último euro de ese 1% que se destinará a la Federación Española de Fútbol. Pero, pese a lo que puedan pensar, todo el proyecto se ha tramitado conjuntamente entre ambos organismos. Es decir, la Federación ha sido la primera en estar de acuerdo con este reparto finalista de las cantidades.
