Por Javier Latorre //
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No vamos a entrar en si han sido afortunadas o no sus declaraciones en relación a este asunto («Prefiero un titular que diga ‘Rosell no deja entrar a un niño’ que no uno que diga ‘Rosell ha matado a un niño»). Como Vdes. conocen, el presidente barcelonista ha manifestado que ha tomado una decisión con la que “no está de acuerdo” ni él ni su Junta Directiva.
Tampoco entraremos en consideraciones de oportunidad si esta declaración se tenía que haber efectuado hace unas semanas, con ocasión de la celebración de otros partidos menos trascendentes que el que se avecina el próximo sábado 26 de octubre -ni más ni menos que el “clásico” ante el eterno rival-, o bien si se debía haber propuesto en la última Asamblea Extraordinaria del 5 de octubre, en la que, entre otros asuntos, se aprobó la reforma de los Estatutos sociales.
No cabe duda que alguien se dio cuenta que, al celebrarse el partido FC BARCELONA-REAL MADRID, a las 18 h del próximo sábado, en un horario que anima a las familias a acudir al Estadi, podría ocurrir que se presentaran diez, veinte o treinta mil niños, acompañados de sus padres, sin entrada, que ocuparían sitios en las gradas del Nou Camp. Desconocemos si en la decisión han primado motivos económicos, motivos logísticos o motivos de seguridad; lo que, sin duda, está acreditado es que el próximo sábado no entraran niños menores de siete años sin entrada, a pesar de que siempre ha sido costumbre acceder a esta posibilidad en el recinto barcelonista.
Muchos son los comentarios que se han vertido sobre este asunto, unos pasionales, otros románticos, otros estratégicos –era buen momento para los opositores para arremeter contra esta Junta Directiva-, y, otros relacionados con la seguridad del recinto.
Pues bien, analicemos si existe base jurídica para que el presidente SANDRO ROSELL haya dictaminado un acuerdo tan impopular, a pesar de que MAITE CASADO, Directora General de la Administración de Seguridad de la Generalitat de Catalunya, haya manifestado públicamente que no existe ninguna regulación específica al respecto.
Para empezar, y, en base al desarrollo que sigue a continuación, me sorprende que durante tantos años se haya permitido esta práctica –loable y cariñosa con los niños y sus familias, por otro lado-, pero que tantas connotaciones de responsabilidad puede conllevar. Una cosa es que los directivos de un club intenten contentar a su masa social y otra es que incumplan de forma sistemática y reiterada la normativa existente, de obligado cumplimiento. Recordemos, además, las posibles responsabilidades jurídicas que podría contraer el propio club y, por supuesto, los miembros de la Junta Directiva, en caso de fatales accidentes, aunque, por otro lado, sea mínima la probabilidad de su existencia, pero la historia ya ha sido cruel y despiadada en otras circunstancias similares con ocasión de acontecimientos deportivos.
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