Por Javier Rodríguez Ten //
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La Segunda B busca reinventarse, a lo cual hay que decir… que ya era hora. Es la primera categoría que gestiona en exclusiva la RFEF (recordemos que 1ª y 2ª A son categorías LFP, que se gestionan «en coordinación»), y casi la única (a salvo de femeninos y juveniles de división de honor), porque la Tercera (y los femeninos y juveniles nacionales)… es ciertamente una categoría autonómica (vean los grupos) con nombre de nacional, que incluso gestionan por delegación las Federaciones autonómicas a salvo de la fase final (si es nacional por eso, pues la Segunda B es profesional porque también tiene su fase de ascenso).
- Los clubes de Segunda B ingresarían en la LFP, dejando la RFEF sin contenido real.
- Los equipos que ascendieran de Tercera División deberían transformarse en SAD en un año y asumir todos los deberes y complicaciones que acarrea ser entidad mercantil (impuestos, contabilidad, no poder recibir subvenciones como asociaciones deportivas o entidades sin ánimo de lucro…). Muchos de los que actualmente militan en la categoría deberían hacerlo también. No están los tiempos para ello. Además, quedarían sujetas a las exigentes normas sobre control económico de la LFP.
- Los aficionados de las mencionadas SAD dejarían de ser «propietarios» para pasar a ser «espectadores», como quien va al teatro. ¿Realmente quieren las aficiones que sus clubes sufran lo que está pasando en muchos de primera y segunda división, y además sin dinero desde el principio?
- El Convenio colectivo AFE-LFP sería invocable, a salvo de los salarios, que deberían establecerse específicamente para la nueva categoría.
- El comité de competición mixto (tres integrantes, LFP, RFEF y común acuerdo) resolvería las sanciones de esta categoría, y de igual modo la comisión arbitral de la competición profesional (idéntico modelo) ejercería sus exiguas competencias sobre los árbitros de Segunda B, que por otra parte… pasarían a cobrar bastante más, claro.
- Las licencias llevarían el doble visado de LFP y RFEF, encareciendo su coste.
- La LFP quedaría en manos de los clubes de Segunda B, a no ser que en la necesaria reforma de estatutos se reservara una mayoría política (o una minoría técnica, porque habría que sumar los votos duplicados de los filiales, que hay muchos) a los clubes de Primera y Segunda. Algo parecido ya existe en la composición de la Asamblea General de la RFEF, donde se reserva a los clubes, jugadores, entrenadores y árbitros de las dos categorías profesionales el 40% de los puestos (ver Orden ECI 3567/2007).
- Los clubes de Segunda B entrarían a repartirse la «tarta» de los derechos audiovisuales, con independencia de la gestión de los de su competición, que aspirarían a que fuera conjunta con los de Primera y Segunda (kit completo: el operador que se lleve éstas, se lleva también aquélla). Este es el quid de la cuestión. Meter la cabeza para rentabilizarlo sí o sí. Comprensible, pero… ¿realmente justo o proporcional? Se puede mirar desde ambas orillas.
Complicada aspiración, en términos actuales, la de los clubes de Segunda B si insisten en su «profesionalización» de Derecho. Lo demás… es más sencillo.
