Por José Miguel Fraguela //
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En primer término, la Liga y AFE. El martes por mañana se celebró sin acuerdo («sin avenencia») el acto de conciliación entre ambas partes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de Madrid.
Tras la reunión, tanto la Liga como AFE se han culpado recíprocamente de no haber llegado a un acuerdo que permitiera desconvocar la huelga.
Pero ahí no queda la cosa. El martes al mediodía, el diario El País se hacía eco de unas declaraciones del portavoz del PP, Hernando, en las que descartaba rechazar este miércoles la convalidación del Decreto-Ley y también la posibilidad de que se tramite como Proyecto de Ley.
Esto último había sido solicitado por AFE como vía para poder modificar algunos aspectos del Decreto-Ley. Ahora ven como esta puerta queda cerrada, a no ser que se cambie de opinión este mismo miércoles.
Tras estos movimientos, la pelota -nunca mejor dicho- pasa al tejado de la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Social habrá de resolver en 48 horas si suspende cautelarmente la huelga.
Es decir, toda la presión sobre un tribunal de la justicia ordinaria, lo cual es desde ya un fracaso del movimiento deportivo. Si algo caracteriza al «fenómeno deportivo», desde el punto de vista institucional, es su tendencia ancestral a resolver sus litigios dentro de su propio «ecosistema».
Y es que el conflicto que subyace a la huelga no es de naturaleza «laboral», que es la que habilita la intervención de un tribunal de lo social. Es un conflicto político y tendría que haberse resuelto por los cauces propios de este tipo de controversias.
Pero una vez que el asunto ha llegado a sede jurisdiccional, algo perfectamente legítimo en un Estado de Derecho por mucha prohibición que establezca la FIFA, adquiere otra dimensión. En este caso, sólo queda pedir a las partes que respeten la resolución que se adopte, sin perjuicio del derecho a impugnarla.
Y llegados a este punto, AFE cuenta con una gran baza a su favor: la ausencia de precedentes recientes de pronunciamientos judiciales que hayan declarado una huelga como «política».
Por su parte, La Liga insistirá en que tiene un covenio firmado con AFE que regula los procedimientos para resolver las discrepancias.
El escenario inmediato que vislumbramos es harto complejo. Puede ocurrir que la Audiencia suspenda la huelga. ¿Y qué pasa con el otro acuerdo, el de la RFEF suspendiendo las competiciones? Tiene eficacia mientras no sea suspendido por el CSD (no el TAD como por error se ha indicado). Y aquí se abriría otro foco de conflicto CSD-RFEF.
También podría ocurrir que la Audiencia no suspenda la huelga. En este caso, ¿de qué le serviría al CSD suspender el acuerdo federativo? Paralizado este acuerdo, el paro sería efectivo igualmente, con la huelga de los jugadores.
Además, la RFEF lo consideraría como «otro acto de injerencia» del poder público en una federación deportiva. Y aquí volvería el fantasma de la Pax Fifa. Otra vez Villar llamando a Blatter para que amenace a España con expulsar a sus equipos de las competiciones internacionales.
Sólo quedan dos salidas: una, que antes del sábado coincidan los dos organismos, Audiencia y CSD, en suspender la huelga y suspender el acuerdo de la RFEF.
Y la última, que es la que defiende la vicepresidenta del Gobierno frente al Ministro Wert: tramitar un proyecto de ley que permita reabrir la negociación y desconvocar la huelga. Horas le quedan para esto, sobre todo visto lo que dijo el portavoz del PP sobre la convalidación del Decreto-Ley.
