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La declaración de concurso desierto realizada por el Ayuntamiento de Las Rozas en relación con la parcela donde se ubica la Ciudad del Fútbol permitirá a la Corporación municipal adjudicarla directamente, por fin, a la RFEF. Se da la circunstancia de que la Federación era la única licitadora, pero no obtuvo los puntos necesarios de acuerdo con las bases del concurso.
El Pleno municipal aprobó el pasado viernes iniciar los trámites para adjudicar de forma directa al organismo deportivo los 115.000 metros cuadrados que ocupa la infraestructura, tras declarar desierto el concurso que había convocado para legalizar la cesión de estos terrenos. Como es conocido, la adjudicación directa está contemplada legalmente, entre otros casos tasados, cuando convocado un concurso el mismo resulte desierto.
Votaron a favor los concejales del PP y en contra el resto de las formaciones políticas (PSOE, UPyD e IU).
Como recuerda El País, el proyecto de la Ciudad del Fútbol aterrizó en Las Rozas hace 16 años. El pleno aprobó ceder de forma gratuita el suelo a la RFEF para que levantara la Ciudad del Fútbol, por un periodo de 50 años.
La oposición del PSOE e IU lo denunció y en 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les dio la razón: el suelo era público (está calificado como servicios generales) y su propiedad no se podía traspasar.
Dos años después la sentencia era firme, prosigue el reportaje de El País. El Ayuntamiento tenía de plazo hasta el 10 de marzo de 2007 para cumplirla, y la solución era muy complicada: la Ciudad del Fútbol estaba construida y en funcionamiento.
El tiempo pasaba y al entonces alcalde, Bonifacio de Santiago, del PP, se le acumulaban los autos del juez pidiendo que cumpliera la sentencia. El tribunal llegó a advertir al alcalde de que estaba intentando “burlar el cumplimiento de una sentencia judicial firme”.
Causa penal
La legalización en ciernes no paraliza, sin embargo, la causa penal que se sigue contra el excalcalde y sus concejales. Precisamente el 7 de mayo declaró ante el juez el exregidor, que se enfrenta a presuntos delitos de prevaricación y desobediencia por no ejecutar la sentencia.
La legalización
El Ayuntamiento, que sigue gobernado por el PP pero con otro alcalde al frente, José Ignacio
Fernández Rubio, retomó el asunto el año pasado convocando un concurso público, ahora declarado desierto y con el que se pone fin a este largo y sinuoso proceso.
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