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Tras conocer que el juez Pablo Ruz ha inadmitido (no desestimado) la querella contra los actuales presidente y vicepresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu y Javier Faus, y contra el ex presidente Rosell, en la causa en la que investiga el fichaje de Neymar, el sindicato Manos Limpias se plantea presentar una querella por prevaricación.
En un auto dictado este martes, el juez Ruz rechaza la personación de Manos Limpias en el procedimiento ante «la falta de consignación de la fianza» que estableció como requisito para la admisión a trámite de la querella.
El colectivo considera «desproporcionada» la caución exigida por el juez para permitirle la personación y anuncia en un comunicado que se plantea presentar una querella contra el juez. En todo caso, asegura que este miércoles recurrirá en apelación la decisión de Ruz.
Manos Limpias recuerda que en otros procedimientos como el que se sigue para investigar los ERE de la Junta de Andalucía la fianza que se impuso al sindicato apenas fue de 300 euros mientras que en otros procedimientos como el ‘caso Nóos’ no se les exigió depósito alguno.
También recuerda al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que existe «una presunción más que razonable de que se pretende llegar a un acuerdo o pacto con la Fiscalía y con los querellados y que, por consiguiente, la acción popular le resulta incómoda». «Flaco favor se está haciendo a la justicia con resoluciones de este tipo, que vulneran flagrantemente el artículo 125 del texto constitucional, donde se garantiza la acción popular», señala.
Si bien Bartomeu ha desmentido esa negociación con la Fiscalía que invoca el sindicato, es también cierto que el mismo juez ha reconocido en la causa instada por Jordi Cases que existen indicios racionales de que las transacciones económicas que sustentaron el fichaje de Neymar se basaron en «contratos simulados» y operaciones de «ingeniería financiera» que no respondían a la realidad y con las que se pretendía «cometer el engaño» a la Hacienda Pública.
A mayor abundamiento, el propio magistrado imputó el pasado 20 de febrero al Barça como persona jurídica ante las sospechas de que pudo defraudar 9,1 millones de euros al no tributar por 37,9 millones incluidos en los contratos que suscribió 2011 y 2013 para asegurarse el traspaso del jugador.
