Si decimos que la Licencia Deportiva Única se ha convertido en un problema político no descubrimos nada. Desde que el CSD dio a conocer el proyecto comenzaron a alzarse voces en diferentes comunidades autónomas oponiéndose frontalmente al proyecto, que tachan de contrario al reparto constitucional de las competencias.
Independientemente de cuáles hayan sido las intenciones de Miguel Cardenal al proponer la creación de la Licencia Única, es innegable que el Gobierno de Mariano Rajoy percibe en este momento que se le ha abierto otro frente político no deseado en un escenario ya bastante cargado (reforma de la ley del aborto, debate nacionalista catalán, la LOMCE, el precio de la energía, etc.)
Este jueves, sin ir más lejos, tendrá lugar un debate en el Parlamento andaluz sobre el mismo tema, tras el pronunciamiento del Consejero de Deportes de la Junta contrario a la implantación de esta nueva licencia.
Por otro lado, se sabe que federaciones territoriales de ocho Autonomías se han plantado con este tema frente al CSD.
Podemos afirmar, pues, sin tapujos que la Licencia Única se ha incorporado ya a la agenda política, pero no del CSD, sino del Gobierno español.
Es tal el nerviosismo que reina en el Gobierno que en la sesión celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, el PP se ha comprometido con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a que la prometida agilización de los trámites de las licencias deportivas respetará las competencias autonómicas y buscará el visto bueno de las federaciones territoriales.
Este miércoles tuvo lugar una sesión de la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados en la que se debatió, entre otros asuntos, la «Proposición no de Ley sobre la intención del Gobierno de establecer la licencia única deportiva» presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). BOCG, serie D, número 413, de 03 de Marzo de 2014 (Núm. Exp. 161/002458/0000).
El PNV había cargado contra el proyecto de Ley de racionalización del sector público, actualmente en tramitación parlamentaria, que pretende implantar la licencia deportiva única, la cual habilitará a su titular para participar en cualquier competición oficial, sea cual sea su ámbito territorial, justificando tal medida en la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional, para eliminar duplicidades y reducir los trámites necesarios para la práctica administrativa.
PNV coincidía inicialmente con Convergencia í Unió (CiU) y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) en el sentido de que la nueva licencia única es una medida «recentralizadora» y «anticonstitucional» que supone «una nueva regresión del modelo autonómico y una carga económica para los ciudadanos».
Al final, el PP y PNV negociaron en el Congreso un texto transaccional por el que se acepta el objetivo de «simplificar y optimizar» los recursos para tramitar las licencias pero siempre «desde el respeto a las competencias que ostentan las comunidades y recabando el consenso de las federaciones deportivas autonómicas».
El Grupo Popular, que ha accedido al pacto, según su portavoz Ángel Luis González, ha querido con este acuerdo poner coto a los «bulos» que se habían suscitado acerca de que las medidas del Gobierno iban a encarecer las licencias e invadir competencias autonómicas.
A pesar de ello, el texto consensuado entre PP y PNV fue descalificado tanto por CiU como por el PSOE, que lo consideran insuficiente y que aseguran no creer en la disposición de consenso del Gobierno. «Esta vez vamos a dejar que se engañe sola», ha comentado el socialista Manuel Pezzi a la diputada del PNV.
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