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La reforma de la vigente Ley del Deporte de 1990 por parte del Proyecto de Ley de racionalización del sector público, que implantará la Licencia Deportiva Única, contiene otros aspectos que han pasado desapercibida. Es el caso del dopaje y su incidencia en la nueva licencia.
En efecto, el precepto afectado establece que «el Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los mecanismos que permitan extender los efectos de estas decisiones a los ámbitos competenciales respectivos, así como dotar de reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que permitan participar en competiciones oficiales».
Aunque parece obvio que un deportista sancionado está incapacitado para obtener licencia, debe entenderse que lo que persigue la norma es evitar que un deportista sancionado por dopaje a nivel estatal pueda obtener una licencia en una federación autonómica bajo el argumento de que la sanción se produce en un ámbito territorial diferente al de la propia Autonomía.
Pero el párrafo más novedoso es el siguiente: «Los deportistas que traten de obtener una licencia deportiva podrán ser sometidos, con carácter previo a su concesión, a un control de dopaje, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa».
Todo apunta a que este aspecto será objeto de debate en función de las enmiendas que los grupos parlamentarios presentarán hasta el día 25 de este mes. No parece una cuestión pacífica. Aquí hay otras variantes a considerar pues se trata de una acción invasiva de la persona y, además, preventiva.
No parece que sea muy constitucional un filtro de entrada que impida el acceso a la licencia a un deportista que haya caído en el dopaje en el pasado, el cual tiene todo el derecho del mundo a rehabilitarse.
¿Pretende acaso el proyecto de ley que un deportista como Alberto Contador se vea imposibilitado de obtener nuevas licencias a pesar de haber cumplido la sanción?
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