La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez que requiera al Fútbol Club Barcelona para que aporte «el contrato o contratos» que la entidad firmó con el futbolista brasileño Neymar Da Silva Santos Junior o sus representantes, así como «los justificantes de las cantidades» que se desembolsaron por este traspaso, con carácter previo al pronunciamiento acerca de la admisión a trámite de la querella.
Jordi Cases presentó recientemente una querella contra el presidente del club, Sandro Rosell, por un presunto delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción.
La Fiscalía también pide que el club azulgrana aporte «la parte concreta del informe o memoria económica» relativas a los años 2011, 2012 y 2013 que la Junta Directiva del Barça presentó a la Asamblea General Ordinaria y en los que se da cuenta de los dos contratos que se firmaron con el futbolista. Se trata de «averiguar si los extremos alegados por el querellante son ciertos» y si, como sostiene éste, el Barcelona no ha facilitado la información sobre el contrato de Neymar a la Junta Directiva y sus socios, a pesar de habérselo pedido por burofax.
El fiscal recuerda que el delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción supone «la gestión desleal de un patrimonio cometido por el administrador cuando perjudica patrimonialmente a la sociedad, distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance». «Es decir, no se exige un ánimo de tener la cosa como propia bastando el dolo del perjuicio que ocasiona», explica.
Sobre lo que no duda la Fiscalía es acerca del órgano judicial competente. Argumenta en su escrito que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional y no de un juzgado ordinario porque podría tratarse de un delito cometido por españoles en el extranjero, ya que el dinero del traspaso se habría ingresado en un banco brasileño. El juez Ruz se dirigió la semana pasada a la Fiscalía para preguntarle si es competente para investigar estos hechos y, en ese caso, qué diligencias debería practicar para averiguar si tienen naturaleza delictiva.
La acusación
El querellante sostiene que el club fichó a Neymar por 57,1 millones de euros, de los cuales 40 habrían ido a parar a la sociedad Neymar&Neymar (N&N), propiedad del padre del jugador, y 17,1 millones se habrían abonado en concepto de derechos federativos.
A esta cantidad habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos, equipo en el que militaba Neymar, y otros 9 por la celebración de dos partidos amistosos.
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