La Agencia Tributaria ha vuelto a rechazar, por no realista, el último plan de pagos propuesto por los nuevos accionistas del Real Zaragoza, y les exige más garantías.
La deuda que el club aragonés tiene contraída con la Agencia Tributaria asciende a 28 millones de euros.
El pasado miércoles, los accionistas presentaron un nuevo plan de pagos. En la mañana del viernes, Luis Gamón, Javier Lasheras y José Guerra, el director financiero y consejero, mantuvieron una nueva reunión con la delegada de la Agencia Tributaria en Aragón, Paloma Villaro, pero se volvieron a encontrar con la negativa.
Pese a que todavía existe margen de negociación, todo indica que a los nuevos accionistas se les agotan los cartuchos.
Cuando tampoco han cerrado la reventa al tercer grupo inversor, la negativa de Hacienda, el discutible embargo de la licencia, y las denuncias de los jugadores empujan al club por una pendiente que podría llevarle directamente a la disolución.
Como ya hemos informado, los futbolistas han denunciado ante la AFE el impago de las fichas de la temporada que acaba de finalizar, en torno a los 3 millones de euros.
Y es que aunque se arregle el asunto con Hacienda, el impago de salarios antes del 31 de julio implicaría el descenso administrativo del club maño a Segunda División B.
De lo que no cabe duda es que los aficionados del Zaragoza no se merecen esto, sobre todo cuando a pocos kilómetros observan como otra Administración Pública, el Gobierno de Navarra, le pone todo tipo de facilidades a otro club en similares circunstancias, el Osasuna.