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El grupo de empresarios que lidera Mariano Casasnovas estará a esta hora reflexionando sobre el lío en el que se han metido al comprar el paquete accionarial a Agapito Iglesias.
Dos «bombas» de efecto retardado acaban de estallarles a los nuevos propietarios en las manos:
Embargo de Hacienda
El 2 de junio, dos días antes de que Agapito Iglesias formalizara la venta de sus acciones en el Real Zaragoza, SAD, la delegada regional de la Agencia Tributaria en Aragón firmó un «acuerdo de adopción de medidas cautelares» por el que, ante el «incumplimiento reiterado de las obligaciones» con el fisco, se decretaba el embargo de la licencia deportiva y derechos federativos, según informa El Periódico de Aragón.
Los nuevos propietarios, que aún negocian la entrada de un fondo de inversión, se encuentran ante la encrucijada de tener que pagar a Hacienda 1,9 millones de euros para que el club pueda seguir siendo el dueño de su licencia.
En otro caso, tanto la licencia como los derechos federativos saldrán a subasta y la Agencia Tributaria los adjudicará al mejor postor.
Según indica la resolución de la Agencia Tributaria, a la que ha tenido acceso el citado periódico, la compañía deportiva acumulaba en el concurso una deuda de 45,6 millones de euros con el fisco que se aceptó aplazar a cambio de una prenda sobre los derechos televisivos y radiofónicos de la SAD «mientras dicho club (sic) permanezca en Primera».
«El resultado de la temporada 2012/2013 ha sido que perdió la categoría de Primera División (…), por lo que la garantía ha quedado perjudicada», indica la resolución.
Esta añade que, tras el descenso, la Agencia Tributaria aceptó otro aplazamiento. Así, la deuda que vencía en la presente campaña debía ser liquidada el próximo 5 de septiembre y otro pago de un millón de euros quedada troceado en tres plazos: 232.441 euros el pasado 5 de diciembre, la misma cuantía el 5 de febrero y los 256.824 restantes el próximo 5 de julio.
Tras el concurso, «el importe total de la deuda aplazada asciende a 26.785.140 euros y la deuda paralizada por formar parte del crédito ordinario y subordinado del convenio asciende a 2.486.424 euros», señala la Agencia Tributaria, que añade que el Real Zaragoza propuso en febrero liquidar 2,34 millones «mediante bienes que la deudora afirmó ser integrantes del patrimonio histórico» zaragocista. Hacienda rechazó ese planteamiento, y el Tribunal Económico Administrativo Central desestimó el 6 de mayo la solicitud de suspensión de la SAD.
La Agencia Tributaria decidió ordenar el embargo -será inscrito en el Registro de Cargas y Gravámenes sobre el derecho de los clubs a ceder su plaza en la Competición Profesional- ante el «incumplimiento reiterado de las obligaciones tributarias» por parte del Real Zaragoza SAD.
Aviso de descenso administrativo
Por otro lado, Javier Lasheras y Luis Gamón, dos integrantes del grupo de empresarios aragoneses que adquirió el 90,63% de las acciones que tenía Agapito Iglesias, se reunieron ayer en Madrid con el presidente de la LFP Javier Tebas.
El objetivo fue conocer todos los detalles del control financiero y anunciar su intención de abonar en unos diez días los 8.152.000 euros que el club tiene de deuda con varios acreedores.
Su impago significaría el descenso administrativo y Tebas les dejó muy claro que no afrontarla antes del 30 de junio imposibilitaría la inscripción del Zaragoza en Segunda.
Además, el contrato de compraventa suscrito con Agapito Iglesias establece que el impago de esos ocho millones antes del 30 de junio permitiría a Iglesias recuperar las acciones.
