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Estiman que ello ahorraría a las arcas públicas cerca de 1.200 millones de reales de dinero público (550 millones de dólares al cambio actual).
Los fiscales alegan que «no es de interés público el pago de productos y servicios transitorios (no permanentes)» porque no será un legado del Mundial de 2014 para los brasileños, según el comunicado divulgado por la Fiscalía.
Esta también cuestiona que el dinero público brasileño financie los servicios de transmisión de los partidos, «si la FIFA es la única que detenta los derechos de transmisión y los comercializa a precios millonarios».
La FIFA opuso la excepción de falta de legitimación pasiva el pasado jueves frente a una de las demandas, asegurando que el gobierno se comprometió a financiar esos gastos por contrato. En un comunicado, insistió en que las responsabilidades sobre ese tipo de gastos «constan en los contratos firmados con los responsables de los estadios de la Copa del Mundo en 2007, y en sus textos adicionales firmados en 2009».
La FIFA defendió que esos gastos sean financiados con dinero público, ya que «ningún estadio del mundo puede recibir un evento del porte del Mundial sin adaptaciones», pero afirmó que «está siendo hecha una revisión de todo el material con el objetivo de reducir aún más el costo de esas instalaciones».
La FIFA también defiende que se financien los gastos de los servicios de transmisión, que asegura son infraestructuras que seguirán sirviendo al país.
Por otro lado, las fiscalías locales de seis estados que organizaron los partidos de la Copa Confederaciones de la FIFA en junio, también presentaron acciones reclamando la restitución de unos 100 millones de dólares en ese tipo de gastos ya realizados durante ese evento.
Las acciones de los fiscales llegan tras las multitudinarias protestas de junio que llevaron a los brasileños a las calles contra los millonarios gastos públicos del Mundial de 2014, cuya dotación exigen que sea destinada a mejoras en la salud y la educación.