Exjugador de béisbol americano condenado por obstrucción a la justicia

Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco confirmó la condena por obstrucción del exjugador de béisbel de los Giants, Barry Bonds, a raíz de su testimonio 2003 a un jurado, juicio en el que se investigaba sobre el consumo de drogas entre los atletas de alto rendimiento.

La Corte del Novena del Circuito de Apelaciones dictaminó que la respuesta de Bonds a una pregunta sobre si su entrenador, Greg Anderson, jamás le había dado ninguna sustancia autoinyectables fue «evasiva, engañosa, y capaz de influir en el jurado de acusación para minimizar el papel del entrenador en la distribución de drogas para mejorar el rendimiento».

Bonds dio testimonio ante un gran jurado en diciembre de 2003 después que la fiscalía le preguntaron si Anderson jamás le había dado «todo lo que requiere una jeringa para inyectarse”.

Bonds que se refirió a su padre, ex jugador también, cuando respondió: «eso es lo que mantiene nuestra amistad. Ya sabes, lo siento, pero que – usted sabe, que – yo era el niño de una celebridad. Me convertí en un niño de una celebridad, con un padre famoso. Simplemente no me meto en los asuntos de otras personas debido a la situación de mi padre, entiende…”

Durante los argumentos orales ante la Corte de Apelaciones, el abogado de Bonds argumentó que esa omisión fue un «puñal en el corazón» para resultar condenado por obstrucción a la justicia.

El abogado, Dennis Riordan, también dijo que Bonds finalmente respondió a la pregunta cuando se le dio de nuevo la oportunidad y negó haber recibido ninguna sustancia para inyectar.

El fiscal federal adjunto Merry Jean Chan, respondió que esa negativa era una mentira, porque el ex asistente personal de Bonds, Cathy Hoskins, testificó que ella fue testigo de cómo Anderson inyectaba a Bonds la sustancia. Chan dijo que la negación de Bonds y sus otras respuestas incoherentes a la misma pregunta durante toda su gran aparición ante jurado suman la obstrucción de la que es responsable.

Bonds se enfrenta ahora a arresto domiciliario de 30 días, así como dos años de prisión (aunque concedida la libertad condicional), 250 horas de servicio comunitario y una multa de 4.000 dólares.