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El descenso administrativo decretado este viernes por el Juez Único de lo Social de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha puesto fin a 14 meses de inestabilidad e irregularidades financieras en la entidad ilicitana fruto de la gestión del consejo que dirigía José Sepulcre.
Finalmente, el equipo ha sido descendido por una deuda no satisfecha con la Agencia Tributaria bajo el mandato de Juan Anguix, quien llegó al cargo hace apenas cinco semanas con la promesa de solucionar la crisis de la entidad, pero las irregularidades, los expedientes y, sobre todo, las deudas han pesado demasiado.
Ya en agosto, el Elche tuvo que reducir su masa salarial tras encontrar la LFP irregularidades en una auditoría de control. Los jugadores aceptaron reducir su sueldo un 12% y el entrenador un 40% para que el club pudiera formar una plantilla que quedó, pese a todo, incompleta y formada solo por 20 jugadores.
El presidente reconoció «errores» y admitió que el miedo a descender tras el ascenso le llevó a «gastar más de lo previsto» en la contratación de futbolistas.
A este gasto se unió las obras de reforma del estadio, cuyo presupuesto se disparó sobre lo inicialmente previsto, así como un considerable incremento del número de empleados que trabajaban en las oficinas de la entidad.
En el pasado mes de noviembre, Sepulcre y su consejo anunciaban la inminente llegada de un préstamo por valor de 20,5 millones de euros procedente de un fondo inversor que iba a ser el remedio a todos los problemas del club.
La noticia fue acogida con euforia por un sector del entorno del Elche y con desconfianza por otro. Este último grupo encontró en Daniel Rubio, concejal de Deportes y consejero, su líder natural.
El edil dimitió por discrepancias con el consejo y fue la primera voz crítica que aventuró y denunció que el Elche estaba camino de un cataclismo sin precedentes. No sería hasta mayo cuando algún miembro del consejo reconoció ya sin tapujos que la entidad había sido víctima de una «estafa» y que el préstamo era una utopía.
En febrero, y ante las continuas irregularidades detectadas en la gestión del Elche, el Juez Único de lo Social de la LFP procedía a la inhabilitación de José Sepulcre y de su consejo, fallo que fue recurrido por los dirigentes y que fue suspendido de forma cautelar, apenas dos semanas después por el Tribunal Deportivo de Arbitraje (TAD).
Por entonces, la alcaldesa de la ciudad, Mercedes Alonso, dio de nuevo la voz de alarma tras una reunión con los dirigentes de la LFP en la que se le puso al corriente de todas las deudas de la entidad y trámites que se debían cumplir antes del 31 de marzo, fecha límite de un nuevo control financiero.
Alonso habló por vez primera de riesgo de descenso y de desaparición, reconociendo públicamente estar preocupada y pidiendo al consejo una solución o que se apartara del camino y dejara el control del club a otros.
El consejo de Sepulcre respondió a la emergencia agarrándose, de nuevo, al ‘préstamo fantasma’, asegurando que su llegada era cuestión de horas, pero éste nunca llegó y la presión popular se hizo ya insostenible.
Francisco Borja, ex presidente de la entidad en 2000 y empresario de enorme prestigio en Elche, tomó las riendas del cambio y lideró a un grupo de ex presidentes que intentaron, sin éxito, obtener el dinero necesario para pagar la deuda con Hacienda.
Hubo varias reuniones con empresarios, pero el proyecto no logró arrancar y acabó dejando paso a Juan Anguix, ex vicepresidente de la entidad, quien se comprometió a salvar a la entidad con un proyecto que llamó Elche 3.0.
El empresario valenciano, que accedió a la presidencia el pasado 28 de abril por aclamación popular tras la dimisión de Sepulcre, se marcó como primer punto de la hoja de ruta dar viabilidad económica a la entidad.
Sin embargo, desde el primer momento encontró más dificultades de las que imaginó, ya que la deuda del club fue mucho amplia de lo que sospechaba. Su primer gran examen era evitar el descenso haciendo frente a la deuda con la Agencia Tributaria, pero no logró su objetivo.
El nuevo consejo creía que el déficit era de cuatro millones, pero se encontró con más del doble en su primera aproximación. Anguix había logrado un aval por cinco millones de euros, pero pronto se dio cuenta de que no iba a ser suficiente.
Hacienda, cansada de las promesas de los anteriores dirigentes, exigió el pago inmediato y el consejo le aportó un pagaré conformado con vencimiento el 28 de julio.
La administración entendió que ese pago no es líquido, por lo que no salda la deuda inaplazable y no concedió el certificado positivo a la entidad. Con este argumento principal, unido al resto de los precedentes de incumplimiento por parte del anterior consejo, el juez decidió descender al equipo a Segunda.
Meses atrás, el consejo y la propia alcaldesa habían desvelado que había riesgo real de expulsión de la LFP, por lo que de no haber existido voluntad de llegar a un acuerdo en estas últimas semanas el descenso hubiera sido a Segunda B.