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El 28 de marzo pasado fue dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid un auto de admisión de la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra el axcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago Prieto y otros ediles, por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación en relación con las sentencias recaidas sobre la Ciudad del Fútbol de la RFEF.
Se les imputan reiteradas decisiones adoptadas para eludir la ejecución de la resolución del mismo tribunal que confirmaba la sentencia por la que se obliga a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a devolver al Ayuntamiento de Las Rozas el espacio de casi 115.000 metros cuadrados que ocupa la actual sede de la ‘Ciudad del Fútbol’.
Mediante auto de 10 de abril actual, la magistrada instructora Susana Polo ha acordado la incoación de Diligencias Previas y la toma de declaración de los imputados.
La jueza de instrucción ha llamado a declarar a Bonifacio Santiago Prieto el próximo 7 de mayo de 2014, a las 9:30 horas, en calidad de imputado. La Sala emplaza también a declarar como imputados a Isabel Grañeda Muñoz, Gema Matamoros Martínez, Juan Ramón Ruiz Fernández y José Luis Álvarez Francisco, el día 8 de mayo.
Dice el auto de 10 de abril: “Tras la valoración de la Sala llevada a cabo en el auto de fecha 28 de marzo de 2014, sobre la apariencia de indicios racionales de la posible comisión por los denunciados de un delito de desobediencia y otro de prevaricación, procede la incoación de Diligencias Previas …”
Antecedentes
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Majadahonda ya había admitido a trámite la querella en noviembre de 2013 pero se inhibió posteriormente a favor del TSJ de Madrid al ser Bonifacio de Santiago Prieto miembro de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Las juntas locales autorizaron por unanimidad conceder a la Real Federación Española de Fútbol una autorización provisional para emplear la finca conocida como la Ciudad del Fútbol, de titularidad municipal después de que varias sentencias dictadas a partir de 2004 anulasen el acuerdo de cesión de los terrenos a la RFEF.
El TSJM había ordenado en julio del año pasado al Ayuntamiento la ejecución de una sentencia de 2007 que confirmó la ilegalidad de la cesión de suelo público efectuada en 1998 a la RFEF. A raíz del fallo de 2007 que declaraba firme una sentencia anterior de 2004, en junio de 2008 el Ayuntamiento otorgó una concesión administrativa a la RFEF, que según expuso en julio el TSJM «pretende burlar lo ordenado en sentencia firme».
Antes, en 2004, el Tribunal Supremo había anulado definitivamente la donación de la parcela y ordenado la devolución de la titularidad del suelo al Ayuntamiento. La cesión del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del entonces alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en 1998, con los votos en contra del PSOE e IU.
Ambos partidos denunciaron entonces que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes demaniales -de dominio público-, lo cual impedía su donación a una entidad privada como es la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos.
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