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El pasado día 11 nos hicimos eco de que el Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE), centro privado homologado ajeno a la RFEF, había impugnado la circular de la Federación de Castilla y León de Fútbol (F.C. y L.F.) que regula la cuotas de los colegiados, alegando, entre otros motivos, que exige una cuota de cuantía elevada sólo para aquellos entrenadores que obtengan su título en los centros privados de formación. De esta forma, la Federación de Fútbol de Castilla y León penaliza económicamente a aquellos entrenadores que legítimamente han optado por formarse en un centro privado, lo que resulta una clara discriminación respecto a aquellos entrenadores, que también legítimamente, han optado por formarse en los centros de las propias federaciones deportivas.
Pues bien, hoy recibimos un escrito de la citada Federación al que adjuntan la resolución del Tribunal del Deporte de Castilla y León por la que se inadmitía a trámite dicho recurso por carecer el recurrente, dice el tribunal, de legitimación activa para impugnar el acuerdo de referencia.
En una escueta resolución fechada el 5 de septiembre pasado, el Tribunal del Deporte de Castilla y León se basó en los siguientes fundamentos jurídicos:
«PRIMERO.- Es competente la Comisión Permanente para conocer del recurso de conformidad con el artículo 16.a) del Decreto 21/2006 al tratarse de decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso.
SEGUNDO.- En el presente caso no concurre en el recurrente el requisito de legitimación exigido en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 5 del Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre la actividad deportiva».
Por consiguiente, el citado tribunal no ha entrado a conocer sobre el fondo de las cuestiones planteadas; se limitó a inadmitir a trámite el recurso por la cuestión formal antes mencionada de la falta de legitimación activa.
El órgano que aún no se ha pronunciado -al menos no nos consta- es la Dirección General de Deportes de la Administración autonómica, que es al que iba dirigido el recurso.
