![[Img #9730]](upload/img/periodico/img_9730.jpg)
El tribunal egipcio que hoy comenzó a juzgar a las 16 personas acusadas de perpetrar acciones violentas en los aledaños del estadio de El Cairo, que se saldaron en febrero pasado con la muerte de una veintena de hinchas, aceptó aplazar un mes el juicio, a petición de la defensa.
Durante la primera sesión del proceso, el representante de la Fiscalía leyó la lista de las acusaciones, entre las que figuran asesinato premeditado, vandalismo, sabotaje de bienes públicos y privados y posesión de artefactos explosivos.
Los acusados negaron todos los cargos y algunos denunciaron que confesaron esos crímenes tras ser torturados, según la agencia oficial Mena.
Por su parte, la defensa pidió más tiempo para estudiar los casos y solicitó la libertad condicional para los procesados que se encuentran detenidos.
Al final de la vista, el presidente del Tribunal Penal de El Cairo, Samir Asaad Yusuf, decidió aplazar el juicio hasta el próximo 18 de mayo, en respuesta a la petición de la defensa.
Los sucesos tuvieron lugar el pasado 8 de febrero durante un partido de la primera división entre los equipos locales Zamalek y el ENPPI, en El Cairo.
Según las investigaciones efectuadas por la Fiscalía, «los Hermanos Musulmanes, en su empeño de destruir la estabilidad del país, aprovecharon los lazos de algunos de sus miembros con el grupo ultra del Zamalek y les suministraron dinero y explosivos para causar actos de violencia durante los partidos de la liga».
El pasado 25 de febrero, el Gobierno egipcio aprobó la reanudación de los partidos de la liga de fútbol -que había sido suspendida tras esos acontecimientos-, aunque sin público.
En otras ocasiones se han registrado disturbios antes y durante partidos de fútbol, pero estos fueron los más graves desde que, el 1 de febrero de 2012, 74 personas perdieran la vida y 254 resultaran heridas en choques en el estadio de Port Said entre los seguidores del club local Al Masry y del cairota Al Ahly.
Esa tragedia sin precedentes en Egipto llevó a las autoridades a prohibir la entrada de público a los estadios, aunque en los últimos tiempos se había levantado parcialmente esa medida.
