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El Partido Aragonés, socio del PP en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha posicionado claramente en contra del proyecto del la Licencia Única promovido por su socio al frente del Gobierno central.
Alfredo Boné Pueyo, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, presentó en las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley instando a la Cámara que «defienda las competencias en materia de deporte y de consumo de la Comunidad Autónoma, en especial en lo relacionado con la protección de los consumidores y usuarios de servicios profesionales de la actividad física y del deporte, así como en la salvaguarda de las licencias que emiten las Federaciones Deportivas Aragonesas, con el fin de seguir garantizando su máxima autonomía funcional y económica respecto a las federaciones nacionales, y la no afectación sobre sus intereses de la llamada «licencia única», dada la importancia de las atribuciones legales y de las actividades que desarrollan las federaciones autonómicas.
También pide que «en colaboración con la Universidad de Zaragoza y de las federaciones autonómicas, los colegios y asociaciones profesionales de la actividad física y del deporte, implemente estrategias y actuaciones en defensa del punto anterior».
La PNL del Partido Aragonés se basa en que «con la introducción del modelo de licencia deportiva única y la atribución de la expedición de las mismas a las federaciones autonómicas, las federaciones estatales podrían dejar de percibir ingresos, por lo que se establece que serán compensadas por las autonómicas, según aprueba la propia federación estatal. También se abren algunos supuestos en los que las federaciones estatales podrán expedir directamente las licencias».
Y concluye esta PNL afirmando que «esta modificación legal debe encajar con lo que fija la normativa aragonesa, que ya establece, en línea con la actual ley nacional, que la licencia autonómica habilitará para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal cuando la Federación Aragonesa se halle integrada en la Española correspondiente».
Izquierda Unida
También el grupo parlamentario de Izquierda Unida de Aragón presentó otra Proposición No de Ley en el Parlamento de la Comunidad para que dicha cámara territorial se posicione en contra del proyecto del Gobierno central sobre la Licencia Única.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón propone un pronunciamiento en el que «Las Cortes de Aragón manifiesten su más absoluto rechazo a la puesta en marcha de la denominad «licencia deportiva única» e instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno central y le solicite la retirada del artículo 23 del proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas administrativas; y en el supuesto de que no atienda dicha petición, adopte el Gobierno de Aragón las medidas precisas para impedir la vulneración de la competencia exclusiva recogida en el artículo 71.52.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón».
Razona la PNL que «esta propuesta ha provocado el rechazo de hasta 251 entes federativos autonómicos, pertenecientes a 21 federaciones deportistas diferentes, que reúnen a un millón y medio de deportistas de diferentes modalidades. Alegan que ello obligaría a las federaciones a tener que pagar compensaciones a sus respectivas federaciones estatales, de manera que serán los deportistas con licencia federativa autonómica los que, en la práctica, sostendrán a las mismas, compensando de esa forma el recorte de las subvenciones que recibían del Gobierno central.
«Pero lo peor de todo [prosigue la PNL] es la injerencia que se produce en una materia que es de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas: el deporte. En ese sentido, el artículo 71.52.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce como exclusiva la competencia relativa al deporte y, en especial, su promoción y regulación de la formación deportiva. Así, en desarrollo de la misma, se dictó la vigente Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, que regula la materia. Con la reforma introducida, se produce una extralimitación en el ejercicio de la competencia estatal, de forma que se impide el ejercicio de una competencia exclusiva autonómica, y se quebranta el modelo de organización deportiva piramidal que establece la normativa vigente, perjudicando al deporte de base —que es objeto de atención preferente por parte de las comunidades autónomas— a favor del deporte de máximo nivel. Como consecuencia de dicha injerencia, algunas comunidades autónomas ya han protestado y han puesto en marcha diferentes mecanismos para defender sus competencias exclusivas.
