Un auto de 20 de junio de 2013 de Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) instó al Ayuntamiento de Las Rozas a regularizar la parcela cedida a la FEF en el plazo de 60 días. Dentro de dicho plazo, la corporación local debería iniciar, como así ha hecho, expediente para la otorgar la correspondiente concesión demanial conforme al art. 78 del RBCL.
La parcela fue cedida irregularmente a la RFEF en 1998. El auto ordenaba ejecutar una sentencia de 2004 que confirmó la ilegalidad de la cesión de los 120.000 metros cuadrados de suelo público que actualmente albergan las instalaciones de la RFEF en el municipio.
Sin embargo, de forma paralela se sustanciaba un procedimiento penal por la inejecución por parte del Ayuntamiento de la sentencia de 2004, declarada firme en 2007, que confirmó la ilegalidad de la cesión de 120.000 metros cuadrados de suelo público efectuada en 1998 a la RFEF.
Esta demora en la ejecución de la sentencia desembocó en una querella formulada por la Fiscalía contra el exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago, y el resto de su equipo en dos Juntas Locales, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y desobediencia en relación al caso «Ciudad del Fútbol».
Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda (Madrid) ha admitido ahora a trámite dicha querella y ha acordado tomar declaración en diciembre al exalcalde y actual diputado autonómico del PP, al concejal Antonio Garde Fernández-Fontecha y a todas las personas que integraron la Junta Local en las sesiones del 24 de junio y el 23 de diciembre, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En un escrito del pasado 18 de septiembre, la Fiscalía Provincial reclamó que se citase a declarar en calidad de imputados a las personas que integraban las juntas, así como a representantes de la RFEF, el interventor y técnicos municipales, al entender que la Junta Local se había negado «abiertamente» a dar cumplimiento a una resolución judicial.
A raíz del fallo de 2007 que hacía firme una sentencia anterior de 2004, en junio de 2008 el Ayuntamiento de Las Rozas otorgó una concesión administrativa a la RFEF, que según expuso en julio de este año el TSJM «pretende burlar lo ordenado en sentencia firme».
La cesión del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en 1998, con los votos en contra del PSOE e IU.
Ambos partidos denunciaron entonces que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes demaniales -de dominio público-, lo cual impedía su donación a una entidad privada como es la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos.
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