Clamor general contra el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Como saben los lectores de IUSPORT, el anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que pasó el filtro del Consejo de Ministros, contiene un buen número de infracciones vinculadas al deporte, con el añadido de que prevé unas sustanciosas multas para los afectados.

El clamor contra este proyecto crece y se extiende entre los diversos sectores sociales por días. En las redes sociales el proyecto de ley se ha bautizado inmediatamente como “ley anti-15M”. Tal es así, que el asunto ha llegado hasta la más alta institución europea que vela por el respeto a los derechos humanos: el Consejo de Europa, institución con sede en Estrasburgo y de la que depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Este organismo ha calificado de «altamente problemática» el proyecto de ley de seguridad ciudadana presentada por el Gobierno español. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que «estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática» para mantener el orden público.

También ve problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica y también de la  proporcionalidad. Las definiciones de «algunos de los delitos [infracciones administrativas] son muy vagas», puntualizó, citando por ejemplo los atentados contra la autoridad o –entre risas– las ofensas a España.

Y se pregunta: «¿Hasta qué punto están claros esos conceptos? ¿Cómo va a saber la gente si está violando la ley o no?», denunciando que a su juicio el borrador deja margen para «aplicaciones arbitrarias» de la ley.

Nils Muiznieks pone en duda que sea necesario definir infracciones y multas al nivel que plantea el anteproyecto español. El borrador establece siete tipos de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros, además de una treintena de infracciones graves susceptibles de ser castigadas con multas de hasta 30.000 euros y una veintena de infracciones leves sujetas a multas de entre 100 y 1000 euros.

El comisario ha cuestionado que «no haya otras maneras de proteger la seguridad de las personas y el orden público sin interferir en la libertad de las personas de reunirse libremente». La libertad para expresar discrepancias con las políticas del gobierno debe ser preservada, reivindicó el representante del Consejo de Europa.

Por último, Muiznieks confesó sentirse «seriamente preocupado» por el impacto de esta proyecto de ley en la sociedad española y no descarta abordar la cuestión con el gobierno de Mariano Rajoy «si va más  lejos».