«El club está ahora en buenas manos; todo lo demás no tiene mucho
sentido». La afirmación se repite como un dogma entre la mayoría de los
accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas que, de pleno, rechazan el plan de Manuel García Navarro para formar un consejo de
administración de consenso y, así, forzar la salida del club de Miguel Ángel
Ramírez. «Por primera vez en muchos años, la entidad tiene estabilidad tanto a
nivel económico como deportivo. Y así debe continuar», apuntaba ayer un
empresario que posee un considerable paquete
accionarial.
Ni siquiera el fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las
Palmas, en la que advierte que la ampliación de capital que el club puso en
marcha en 2005 se cerró de forma irregular -error que podría modificar el mapa
accionarial de la Sociedad Anónima Deportiva-, condiciona el apoyo de la mayoría
para que Ramírez se mantenga como máximo dirigente de la entidad de Pío XII
frente a la alternativa de García Navarro.
Presidente desde 2005, Ramírez controla el 8,9% de las acciones de la Unión
Deportiva en base a la ampliación de capital de 2005, una operación que está
pendiente de ratificación o anulación por parte del Juzgado de lo Mercantil
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Ese porcentaje representa 1.580
títulos de un total de 17.661, de los que 82 están a su nombre y 1.498 a través
de Seguridad Integral Canaria -empresa de la que también es
presidente-.