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El primero en declarar ha sido Ángel Lavín, cuya comparecencia ha durado más de cuatro horas.
El juez consideró que había indicios de delito en la denuncia contra ambos presentada por la Asociación de Exjugadores el 27 de diciembre de 2012. La gestión de estos dirigentes en los últimos años ha terminado con el equipo en Segunda División B y una deuda a sus espaldas de más de 30 millones de euros.
Según la información que ofrece Eldiariomontanes.es, el colectivo de exjugadores presentó a finales del pasado año una querella criminal en los Juzgados de Instrucción contra Lavín y Pernía por la presunta comisión de «varios delitos societarios continuados» con el objetivo de denunciar «todas las actuaciones que están llevando a cabo los consejeros del Racing que puedan considerarse como administración desleal», es decir, aquellas que emprenden los directivos que «adoptan decisiones en perjuicio de una sociedad y de cualquiera de sus accionistas, y en beneficio propio o de terceros».
En los 500 folios de documentación que contiene la querella «existen indicios más que evidentes de haberse cometido irregularidades flagrantes en su gestión que traspasan los límites de la legalidad», según los exjugadores.
El juez entendió el 19 de septiembre que en el escrito de querella se relatan unas actuaciones que «podrían tener encaje en el delito societario tipificado en el artículo 295 del Código Penal» y decidió citar a declarar a Lavín y Pernía.
Este precepto contempla la «administración desleal y disposición fraudulenta de bienes de una sociedad cometida por los administradores de hecho o de derecho o por los socios de una sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. En estos casos serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido».
