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Las acusaciones de la causa por la compraventa de las acciones del Racing de Santander mantienen las imputaciones por malversación, fraude y delito societario, mientras que las defensas piden el sobreseimiento y, por parte de la de Emiliano Garayar, se demanda la nulidad por indefensión.

 

Hoy se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) una vista a puerta cerrada para concretar las imputaciones en este proceso, que se inició en enero de 2014.

 

El pasado 12 de mayo, la magistrada instructora de la Sala Civil y Penal concluyó que en este caso existen indicios de malversación y fraude a ente público, por la actuación de quienes eran responsables de las empresas públicas CEP Cantabria y Cantur.

 

La magistrada instructora ha rechazado todos los recursos de reforma presentados contra el auto de final de instrucción e incoación del jurado, una decisión que trascendió ayer, un día antes de la ‘vistilla’ de hoy en el Tribunal Superior de Justicia.

 

Con motivo de este trámite por primera vez han coincidido en la Sala los cinco querellados: los exconsejeros Ángel Agudo (PSOE) y Javier López Marcano (PRC), el exdirector de CEP Cantabria Luis Egusquiza, el empresario y expropietario del Racing Jacobo Montalvo y el asesor jurídico Emiliano Garayar, quienes, aunque han estado presentes, no han tomado la palabra.

 

De ellos sólo Jacobo Montalvo ha hablado a los medios de comunicación, para afirmar que «no hay caso» y que espera que se termine archivando porque, a su entender, se trata de un tema «político».

 

«A ver qué decide su señoría. Cada maestrillo tiene su librillo y la juez es la que decide», ha comentado a los periodistas este empresario.

 

La ‘vistilla’ se ha prolongado una hora, un tiempo que las partes han aprovechado para concretar imputaciones, pedir el sobreseimiento y la nulidad, solicitar que se practiquen más pruebas e insistir en sus alegatos jurídicos.

 

Las distintas partes personadas han abundado en algunos de los argumentos que han defendido en la instrucción de esta causa, según informan fuentes jurídicas.

 

La Fiscalía, además de pedir la imputación por malversación, solicita el archivo respecto al asesor jurídico Emiliano Garayar, porque entiende que el delito de fraude que se le achaca está prescrito.

 

El Ministerio Público ha solicitado que se requiera a la firma Gómez Acebo y Pombo y al Instituto Cántabro de Finanzas (Icaf) para que informen acerca de la autenticidad y contenido de un informe de enero de 2011, relacionado con los hechos que se investigan.

 

Las acusaciones de la empresa pública Cantur y de Manos Limpias entienden que se debe imputar a los querellados por delitos de malversación y fraude continuados, mientras que la que ejerce otra sociedad regional, CEP Cantabria, demanda además otra imputación por delito societario -que Cantur considera que estaría incluido en la malversación-.

 

Las defensas de Agudo y López Marcano, por su parte, han insistido en la suspensión de esta comparecencia al no haberse resuelto su recurso de apelación, y han solicitado el sobreseimiento de la causa.

 

La representación de Montalvo ha reclamado el archivo y el de las peticiones referidas a la empresa Dumviro, y la de Garayar ha demandado el sobreseimiento y la nulidad de toda la causa por indefensión.

 

Su letrado entiende que se ha producido una «ruptura del principio acusatorio» y ha denunciado falta de imparcialidad de la magistrada.

 

Hoy las partes han solicitado nuevas pruebas, principalmente documentación de Dumviro y representantes de esta empresa, y una vez que la magistrada resuelva tendrían que presentarse los escritos de acusación y defensa.

 

Además están pendientes de resolver los recursos de apelación, si bien fuentes jurídicas apuntan que el procedimiento del Tribunal del Jurado podría avanzar sin que fuera estrictamente necesario que se produjera antes el pronunciamiento sobre esas impugnaciones.

 

Al letrado que representa a Cantur le han preguntado por las manifestaciones de estos días de responsables del PRC y del PSOE, en las que han defendido la retirada de la acusación en esta causa del Racing en caso de que lleguen a formar parte del próximo Gobierno regional -del que depende la entidad regional-.

 

Este abogado, Javier Noriega, ha lamentado que «a lo primero que se dedique» un gobierno «aún en formación» sea a apuntar a la retirada de esta acusación, en lugar de «a los problemas reales de los ciudadanos».

 

«Como profesional tengo que estar preparado para cualquier decisión que adopte mi cliente, y si mi cliente, Cantur, quiere que me retire, me retiro y ya está. Tendré que aceptarlo con deportividad», ha declarado.

 

Ha subrayado que, sin embargo, «como ciudadano», si se tomara esa decisión le parecería «una auténtica vergüenza».

 

Este abogado también ha dicho que si finalmente la decisión es la de retirar la acusación, lo mejor para él, a su juicio, sería que se lo comunicaran cuanto antes. «Si todo está muy bien y están muy tranquilos, ¿por qué no dejan a los jueces que decidan?», ha apostillado.

 

Por IUSPORT

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