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Laporta y sus directivos ya conocen lo que significa la ejecución judicial de los avales que ahora reclama de nuevo una asociación representativa de los socios del FC Barcelona.
Fuentes cercanas al posible candidato en 2015 han informado a Iusport que mantienen una calma tensa sobre este espinoso asunto y que no las tienen todas consigo.
Y es que el Juzgado de Primera Instancia 24 de Barcelona ya acordó en una ocasión anterior, en octubre de 2014, la ejecución de la misma sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 condenó a Laporta y siete de sus directivos, a prestar aval por importe de 23.240.810 euros, a razón de 2,9 millones de euros cada uno, ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
Se trata de un importe equivalente al 15% del presupuesto que el Barcelona aprobó para la temporada 2006-2007. Los otros afectados son Alfons Godall, Jaume Ferrer, Josep Cubells, Alfons Castro, Joan Boix, Rafael Yuste y Albert Perrín.
La Providencia, que tiene fecha del 8 de octubre de 2014, rezaba como sigue:
«Es procedente acordar la continuaci6n ‘de la ejecuci6n, que salvo desistimiento, seguirá adelante como definitiva, y por ello se fija en la suma de 23.242.810 el aval que deberan dep6sitar los co-ejecutados Joan Laporta Estruch, Alfons Godall Martinez, Alfonso Castro Sousa, Joan Boix Sans, Josep Cubells Ribe, Rafael Yuste Abel, Albert perrin Calvet y Jaume Ferrer Graupera, ante la Liga de Futbol Profesional por partes alícuota sy mancomunadas entre ellos, concediéndose el plazo de dos meses para que acrediten ante este Juzgado haber depositado dicho aval a los efectos acordados en la sentencia de segundo grado que ahora se ejecuta, con la prevención de que si transcurrido tal plazo no se acredita la constituci6n del aval con carácter solidario y exigible al primer requerimiento se apremiarían bienes propiedad de los coejecutados en cuantía suficiente parar garantizar las responsabilidades en la misma forma que si hubiere constituido el aval».
El mismo socio del FC Barcelona que ahora lo insta, Vicenç Pla, solicitó en mayo de 2013 al Juzgado la ejecución de la famosa sentencia de los avales. Para el socio culé, “no había otro camino, los directivos no han presentado voluntariamente el aval y como el club tampoco se ha movido pues es nuestro deber y obligación que esta sentencia a favor del club se cumpla”.
El club, por medio de la Junta Directiva entonces presidida por Sandro Rosell adoptó en su día la decisión de no iniciar el proceso de ejecución por entender que la entidad no obtenía inmediatamente ninguna ventaja y porque el FC Barcelona carecía de legitimación activa para hacerlo.
La cuantía del aval se estableció de acuerdo con el criterio de la Audiencia Provincial, como resultado de restar a las pérdidas que la junta trató de cargar en la temporada anterior a su toma de posesión (2002-03), unos 64 millones €, los beneficios habidos desde la temporada 2006-07 en adelante.
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
- Texto íntegro de la Providencia que ordenó la ejecución de los avales (2014)
- Texto íntegro de a sentencia del Tribunal Supremo de 2012, ahora en proceso de ejecución
- Texto íntegro de la sentencia de la Audiencia Prinvincial de 2010
- Texto íntegro de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de 2008
- Estatutos del FC Barcelona vigentes en 2008
- Artículo de Javier Latorre de 2013
- Buscar más información en el archivo histórico de Iusport
