Ya se conoce el calendario del juicio sobre la acción de responsabilidad social interpuesta en 2010 contra Joan Laporta y 16 exdirectivos ante el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona.
Los exdirectivos codemandados son Yuste, Godall, Ferrer, Boix, Sala Martín, Perrín, Cubells, Castro, Borràs, Oranich, Auset, Macià, Fort, Colomer, Torrent y Bagés.
El lunes 15 de septiembre están previstos los interrogatorios al presidente Josep Maria Bartomeu, Xavier Sala Martín, ex responsable del área económica, y a Alfons Godall, ex vicepresidente encargado entonces del área social.
Extrañamente, pues fue compañero de Laporta al menos un tiempo, el demandante será Bartomeu, como presidente azulgrana, que hace escasos días se negó a desistir de la demanda, en contra de la opinión de una parte de sus directivos.
Sandro Rosell, que instigó lo justo para que se aprobara la acción, pero que al final votó en blanco, está citado en el Juzgado el martes 16 de septiembre para que declare como testigo.
Entre el 16 y 18 de septiembre declararán Javier Faus, actual vicepresidente económico del club, así como el presidente Bartomeu, junto con Marc Ingla (vicepresidente deportivo con Laporta aunque dimitió en el 2008) y Joan Oliver (director general del club entre el 2008 y el 2010).
Entre los días 25 y 30 de septiembre declararán Joan Laporta y los otros 16 directivos demandados, además de la aseguradora Zúrich.
La demanda
En principio, la demanda exige el pago de 2,8 millones de euros a cada uno de los 17 directivos afectados por la acción (Laporta y los 16 miembros de su junta).
El total reclamado asciende a 47,6 millones de euros, que es el balance negativo de la temporada 2009-10 (última de Laporta) en las cuentas aprobadas y auditadas, y reformuladas, por la junta de Rosell al llegar al poder blaugrana.
El trasfondo
Josep María Bartomeu, hoy presidente del FC Barcelona, secundando al entonces presidente Rosell, y en unión de otros directivos que aún siguen en el club, propusieron en 2010 una demanda contra el ex presidente Joan Laporta, que aprobó la Asamblea, ordenando a la Directiva interponer la acción social de responsabilidad por las pérdidas acumuladas en sus sucesivos mandatos al frente del club.
Así, el 16 de octubre de 2010, la Asamblea de Compromisarios aprobaba la acción social de responsabilidad, si bien con una escasa mayoría, no debe olvidarse este extremo, con 468 votos a favor, de un total de 1.093, entre los que se encontraba el del actual presidente. La acción de responsabilidad se interpuso contra Laporta y 16 de sus ex directivos por un importe de 47,6 millones de euros, cantidad que engloba las pérdidas de los dos mandatos de Laporta tras una muy discutida reformulación de las cuentas hecha por Rosell.
Y es que el cálculo parte de unas pérdidas que según Laporta pertenecen al último mandato de Gaspart, y que han sido imputadas a él (Laporta) por los ocho primeros días de mandato de 2003, un tiempo, por cierto, en el que Rosell y algunos de los actuales directivos formaban parte de la Directiva del club.
El asunto se le complicó a Bartomeu en la vista previa al juicio que se celebró en febrero de este año 2014, justo en el instante en que los letrados del club, forzados por la evolución del caso, pusieron el acento en la «responsabilidad objetiva» de las directivas de Laporta y claro, despejada la exigencia de “dolo”, la demanda se volvería como un bumerán contra los actuales directivos. Saben que si de responsabilidad objetiva se trata, todos los directivos son igualmente corresponsables.
En aquel contexto, Bartomeu sopesaba desistir de la demanda contra Laporta, siguiendo el consejo del vicepresidente del Área Institucional, Carles Vilarrubí.
Pero el juez desestimó, en principio, extender la demanda a los actuales dirigentes (litisconsorcio pasivo necesario) y parece que el “president” se ha tirado al monte, sin contar con el apoyo unánime de los suyos, impulsado por la necesidad de distraer la atención respecto al clímax espantoso que se ha apoderado de la entidad.
El caso Neymar, la sanción de la FIFA por los traspasos irregulares de menores, confirmada hace escasos días por la Comisión de Apelación de la organización internacional y camino del TAS, principalmente, han aconsejado al actual presidente reactivar la acción social de responsabilidad contra Laporta.
Ya veremos si es buena esta nueva estrategia de Bartomeu. Quizá se dé cuenta de que tuvo la oportunidad de desistir cuando los cañones aún no le apuntaban, algo de lo que no puede estar seguro se mantenga en el futuro .
Se avecina una decisión judicial sobre la ampliación en su contra de la querella de Cases; aunque el Fiscal ya se ha pronunciado pidiendo que no se impute a Bartomeu «por ahora», esto no garantiza que el Juez obre en el mismo sentido, o que el propio Fiscal cambie de criterio más adelante y solicite tal imputación.
También podría ocurrir que a nivel civil las tornas cambien y Bartomeu se vea como codemandado en el juicio por la acción social de responsabilidad que ahora comienza.
Si esto ocurre, ya no podrá desistir.
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