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La Junta Directiva de la RFEF ha acordado este martes «conceder un plazo de cuarenta y ocho horas a las partes para resolver sus diferencias y crear una comisión a este efecto integrada por miembros de la propia junta directiva», según anuncia en la nota oficial de la reunión.
«En caso de no existir acuerdo, la decisión será tomada por la citada comisión», concluye el comunicado de la RFEF.
Conviene recordar que el asunto sigue pendiente de resolución por parte del CSD. El pasado lunes 8 de septiembre de 2014, Pedro León, con el asesoramiento de AFE, presentó un recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), frente a la negativa de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de tramitar el visado previo de su licencia federativa».
El jugador adujo que no se trata de materia disciplinaria y por consiguiente el órgano competente para resolver el recurso es el CSD directamente, no el TAD.
Desde la AFE se recuerda que “la potestad para conceder las licencias es de la Federación” y que el artículo 119 del reglamento federativo sobre cancelación de licencias no recoge que el supuesto de denegación de inscripción a un jugador porque su club haya sobrepasado ningún límite económico destinado a gastos de plantilla del club al que pertenezca.
El sindicato de futbolistas insiste en la ilegalidad de este tipo de control económico y critica el uso coercitivo que -considera- algunos clubes están haciendo. Para la AFE, bajo la amenaza de no ser inscritos, ha habido clubes que han tratado de obligar a sus jugadores a bajarse el sueldo o a aceptar traspasos a clubes o ligas que no benefician a sus carreras, como ha sucedido en el caso de Pedro León.
Según AFE, el control económico vulnera el derecho fundamental al trabajo y las leyes comunitarias que prohíben la autorregulación y garantizan la libre competencia.
