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El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) aprecia indicios de delitos de malversación y fraude a ente público en la causa que investiga la compraventa de acciones del Racing, de los que responsabiliza, entre otros, a los exconsejeros Ángel Agudo (PSOE) y Javier López Marcano (PRC).
La magistrada instructora, Paz Hidalgo, ha concluido la instrucción de esta causa que se abrió en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC en enero de 2014, y aprecia que los hechos podrían constituir un posible delito continuado de malversación de fondos públicos y otro continuado de fraude a ente público, los cuales atribuye indiciariamente a quienes eran responsables de las empresas públicas CEP Cantabria y Cantur.
Como estos dos delitos de malversación y fraude a ente público deben ser conocidos por un Tribunal del Jurado, concluida la instrucción se transforma el procedimiento y se convoca a las partes a una comparecencia para concretar la imputación.
En el auto se indica que cabría calificar la malversación dentro del subtipo agravado del Código Penal por la «especial gravedad» de las cantidades sustraídas, con lo que la pena oscilaría entre los cuatro y los ocho años de prisión y una inhabilitación absoluta de diez a veinte años.
En cuanto al supuesto delito de fraude a ente público, el Código Penal prevé una condena de uno a tres años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La magistrada cree que, en el actual momento «indiciario», el supuesto delito de malversación de fondos públicos podría achacarse a Javier López Marcano, Ángel Agudo, al exresponsable de la empresa regional CEP Cantabria Luis Egusquiza y al empresario Jacobo Montalvo, mientras que el presunto fraude sería responsabilidad de esos mismos imputados y del abogado Emiliano Garayar.
En el caso de Jacobo Montalvo, la magistrada entiende que, como administrador de la empresa Dumviro -que vendió las acciones del Racing a WGA Sports- fue cooperador necesario en la ejecución de los delitos.
Y a Garayar, que fue contratado por CEP Cantabria como asesor en esas operaciones, también le señala como cooperador necesario en el delito de fraude a ente público.
La condición de aforado de Javier López Marcano ha hecho que sea la Sala Civil y Penal del TSJC la competente para investigar estos hechos.
En el auto que se ha conocido hoy, la magistrada entiende que ha quedado acreditado que los imputados ocasionaron un perjuicio económico de 6 millones de euros a la empresa pública Cantur y otros 250.000 euros a CEP, de los que declara responsables solidarios a todos ellos por malversación y subsidiario a Dumviro.
La juez cree que existen indicios de malversación en perjuicio de Cantur, dado que, a su modo de ver, los imputados consintieron la sustracción de caudales públicos por parte de Dumviro y ocasionaron a la empresa regional un perjuicio económico de 6 millones.
Junto a ello, también apunta a un perjuicio a CEP, dado que Dumviro dejó de abonar 250.000 euros en concepto de gastos de la operación de la compra de las acciones.
En cuanto al delito de fraude a ente público, la magistrada considera que se produjo un concierto para liberar a Dumviro de las obligaciones que le correspondían tras la compra de las acciones del Racing, en diciembre de 2005.
El auto recoge que las obligaciones de Dumviro fueron asumidas por CEP Cantabria y se concretan en el pago de las deudas bancarias que tenía el Racing por valor de 17,5 millones de euros.
También en el pago de las consecuencias del laudo arbitral, cuya condena ascendía a cerca de 3 millones de euros, y en el pago del alquiler de la marca y derechos federativos de equipos inferiores correspondiente a 2010, por valor de 2 millones.
Se trata de un auto contra el que cabe recurso de reforma ante la magistrada instructora, que en sus diligencias ha hallado indicios delictivos en otras conductas.
Así, la magistrada acuerda que se remitan copias de los autos al Juzgado de Instrucción para que se pronuncie sobre la recompra a Alcalá 120 -otra empresa de la familia Montalvo- de participaciones de Ecoparque Besaya.
Según explica el auto, la empresa adquirió las participaciones por 179.000 euros y después, en vez de resolverse el contrato, CEP Cantabria recompró las participaciones y asumió préstamos participativos y préstamos personales, todo por valor de 3,3 millones.
CEP no adquirió activo alguno, ya que no se había producido ningún avance en la tramitación urbanística del proyecto Ecoparque Besaya que permitiera iniciar la construcción y urbanización.
Por estos hechos responderían como imputados los responsables de CEP Cantabria -Agudo y Eguzquiza-, además de Montalvo, por parte de una empresa del grupo familiar, ninguno de ellos aforado ante el TSJC y por eso las actuaciones se derivan al Juzgado de Instrucción.
Lo mismo ocurre en el caso de adjudicaciones de contratos «sin expediente de contratación, publicidad y concurrencia» que la magistrada aprecia en favor de Garayar Asociados.
La juez también acuerda que se remitan copias de las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, para que estudie la aplicación de subvenciones otorgadas por el Gobierno regional al Racing de Santander «a fines distintos» de los objetivos de la norma de concesión y el reconocimiento y pago.
Y ello porque en este caso resultaría imputado López Marcano, como consejero de Deportes, que fue quien firmó las subvenciones y actualmente mantiene la condición de aforado.
Toda esta causa por la compraventa de acciones del Racing se inició a raíz de una querella que interpuso Cantur por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude a ente público -que son de los que aprecia indicios la magistrada- y también delito societario por administración fraudulenta.
