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La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido más documentación antes de pronunciarse sobre si se debe admitir o no la querella presentada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la juez Mercedes Alaya por su actuación en el caso Betis.
La querella fue presentada por el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver, uno de los procesados por Alaya, que atribuye a la instructora hasta 26 resoluciones presuntamente prevaricadoras entre autos, providencias y órdenes verbales a la Guardia Civil.
En esta causa, que comenzó en 2008, la juez ha procesado al exmandatario bético Manuel Ruiz de Lopera y a otros siete dirigentes del club por delitos de apropiación indebida y delitos societarios en la venta de las acciones del Betis.
En la querella se criticaba la orden de paralización de la venta de las acciones del Betis, el nombramiento de los administradores judiciales, pinchazos telefónicos de los que no se dio traslado inmediato a la Fiscalía o el mantenimiento durante más de cuatro años y medio de unas medidas cautelares que la Fiscalía pidió que se levantara en más de 15 ocasiones.
En su dictamen, que no es vinculante, el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús Calderón, se centra en las intervenciones telefónicas de Oliver ordenadas por Alaya, «en especial las sostenidas entre el imputado hoy querellante y su propio letrado, parece ser que hasta un total de once que habrían tenido lugar en días sucesivos».
El fiscal alude a las «circunstancias en las que dichas intervenciones fueron custodiadas, transcritas e incorporadas a la causa», que, su juicio, requieren «alguna comprobación documental al margen de la extensa prueba aportada o citada en la querella».
«Parece lógico considerar que su examen puede facilitar la labor del Tribunal y motivar más correctamente su decisión», argumenta el fiscal, que se refiere a la «trascendencia» de los procesos judiciales de «gran complejidad» que tramita Alaya y que están pendientes de una resolución judicial definitiva.
En su dictamen, el fiscal pide una copia íntegra de la transcripción de las intervenciones telefónicas que hizo la Guardia Civil así como su fecha de realización y de recepción e incorporación a la causa, lugar de conservación y custodia hasta hoy.
El fiscal recuerda que se debe tener «especial cuidado en el trámite de admisión de algunas querellas presentadas por ofendidos o perjudicados» que están imputados para evitar convertir al juez en «el sujeto pasivo de un proceso penal paralelo».
También subraya el fiscal que la Ley Orgánica 1/2013 tenía como finalidad «eliminar la práctica fraudulenta extendida durante los últimos años de apartar a un juez o magistrado del conocimiento de un determinado asunto mediante la previa presentación de querella que luego resulta sin fundamento alguno».
Entre la documentación que pide la Fiscalía Superior se incluyen las copias de los informes presentados por la Guardia Civil desde el remitido el 4 de octubre de 2011 así como la notificación al fiscal del auto de 5 de octubre de 2011 en el que declaraba el secreto de las actuaciones.
También reclama el fiscal el auto de 17 de octubre de 2011 en el que se notifica el intervención telefónica acordada y el auto de 2 de noviembre del mismo año en el que se alzan las medidas acordadas por la juez.
Durante la instrucción del caso, la Fiscalía de Sevilla se adhirió a la petición de archivo de Oliver porque consideró que no existían indicios de la venta simulada de las 20.662 acciones del Real Betis -a través de Farusa- a Bitton Sport.
Desde que se inició la investigación del caso Betis, la instrucción ha estado salpicada por numerosas polémicas, lo que ha llevado incluso a la presentación de varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han sido archivadas por el órgano de los jueces.
