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La fiscal Almudena Lastra ha afirmado hoy en la última sesión del juicio oral por el caso de la Ciudad del Fútbol en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el exalcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, se limitó a escudarse en informes de expertos y «aparentar» cumplir la sentencia.
El exalcalde y actual diputado autonómico, dos ediles y cinco exconcejales están acusados por la Fiscalía de presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por no cumplir la sentencia de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que obligaba al municipio a anular el acuerdo por el cual cedió en 1998 una parcela de 120.000 metros cuadrados a la Real Federación Española de Fútbol.
La apertura de la vista oral, que empezó el pasado martes, se produjo después de que la magistrada Susana Polo, miembro de la Sala Civil y Penal del TSJM, concluyese el pasado mes de diciembre la instrucción de la querella que la Fiscalía presentó en marzo de 2014 contra la Junta Municipal de Las Rozas por no ejecutar el fallo.
El TSJM admitió a trámite la querella de la Fiscalía en mayo por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones que se adoptaron en las juntas locales para no ejecutar la resolución de 2004 y otras posteriores que ordenaban la devolución de los citados terrenos.
Tras dos días de declaraciones de los acusados y testigos, Lastra ha concluido que lo que se ha puesto de manifiesto es que hubo una «clara voluntad» por parte del exalcalde y «supuestamente» de los concejales para que la RFEF se quedara en Las Rozas sin una «real» contraprestación y en perjuicio de los ciudadanos.
Al respecto, ha explicado que tras el requirimiento judicial expreso a De Santiago de ejecutar la sentencia fue cuando se iniciaron los trámites para inscribir en el Registro de la Propiedad los terrenos de la Ciudad del Fútbol a nombre del Ayuntamiento, «un año después de que el fallo fuera firme».
Tras ello, ha proseguido, se iniciaron los trámites para conceder una concesión administrativa, «pero nada se hace» y, cuando De Santiago deja de ser alcalde en junio de 2011, la situación es «idéntica» a la de cuando se dictó sentencia.
En este sentido, la fiscal ha señalado que está acreditado que cuando se materializó la concesión administrativa a la RFEF por 75 años fue en agosto de 2014.
En cuanto a los ediles y exconxejales, Lastra ha asegurado que actuaron de manera «arbitraria» y «a sabiendas» de que las resoluciones sobre la Ciudad del Fútbol aprobadas en la Junta de Gobierno Local no eran legales.
Asimismo, ha señalado que la corporación municipal tenía un plan «preconcebido» para mantener a la RFEF en los terrenos municipales de la Ciudad del Fútbol y que los ediles pretendieron «marear la perdiz» para seguir beneficiando a esta entidad deportiva con actos que ha calificado de «injustos», «arbitrarios» y «desobedientes».
La Fiscalía acusa al exalcalde de prevaricación continuada y desobediencia y pide para él una multa y diez años de inhabilitación; mientras que para Francisco Javier Espadas López Terradas, José Luis Álvarez de Francisco, Gemma Matamoros Martínez, Juan José Ruiz Fernández y Antonio Garde Fernández Fontecha pide nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
Por su parte, el ministerio público solicita la pena de siete años de inhabilitación para el exdiputado Pedro Núñez Morgades, que también formaba parte de la corporación, por prevaricación administrativa.
